Para el gobierno, el “costo” de la ley universitaria, atenta contra el superávit fiscal
El máximo tribunal rechazó un planteo del Ministerio de Capital Humano y dejó firme la obligación de poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Casa Rosada insisten en que la norma no tiene fuente de financiamiento y advierten por su impacto fiscal. La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, luego de rechazar por unanimidad un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
El fallo reactivó la disputa entre el Ejecutivo, las universidades públicas y los gremios docentes por los fondos, los salarios y el alcance de una norma que la administración de Javier Milei objeta por su impacto fiscal. La Ley N° 27.795 volvió así al centro de la escena política y judicial. Para el Gobierno, el Congreso sancionó una norma que implica un gasto adicional sin precisar de qué partidas saldrán los recursos. Según la estimación oficial, su aplicación demandaría entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, una cifra que la Casa Rosada considera incompatible con la meta de superávit fiscal. Desde el Ejecutivo remarcaron que la ley contradice el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda norma que genere un gasto extra indique su fuente de financiamiento. Bajo esa interpretación, si el Congreso no define de dónde saldrán los fondos, el cumplimiento de la ley podría derivar, según la postura oficial, en emisión monetaria, mayor inflación y una afectación del programa económico que conduce Luis Caputo. Sin embargo, desde los gremios docentes rechazaron de plano ese argumento y celebraron la resolución judicial. Referentes de la Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires y de la Asociación de Docentes de la UBA remarcaron que el fallo representa un respaldo al reclamo salarial y presupuestario del sistema universitario.
Al respecto, la secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, sostuvo que el Gobierno “pretende no pagar” y vinculó esa postura con el veto presidencial y con los intentos posteriores de dejar sin efecto la ley a través del presupuesto nacional. Según señaló, esas maniobras no lograron avanzar en el Congreso.
Por su parte, el secretario general de ADUBA y docente del CBC, Emiliano Cagnacci, valoró la decisión de la Corte Suprema y sostuvo que el fallo ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. “No se puede elegir qué leyes cumplir y qué leyes no cumplir en democracia”, expresó. Además, explicó que la cautelar alcanza cuestiones vinculadas al salario docente, no docente y a las becas estudiantiles.
La Casa Rosada insiste con el impacto fiscal
Pese al fallo, el Gobierno nacional sostuvo que la Corte no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. La administración libertaria mantiene su principal objeción: la norma crea una obligación de gasto sin indicar una fuente concreta de financiamiento. En paralelo, el Ejecutivo pidió a la Sindicatura General de la Nación que intensifique las auditorías sobre el uso de fondos en las facultades autónomas, en un nuevo capítulo de tensión con el sistema universitario. El conflicto, lejos de cerrarse, ingresa así en una nueva etapa. Con la Corte ordenando la aplicación de la ley, los gremios docentes exigiendo recomposición salarial y el Gobierno defendiendo el equilibrio fiscal como frontera innegociable, la universidad pública vuelve a quedar en el centro de una disputa política, presupuestaria y judicial.