“Puñalada de muerte”: alertan que unas 20 milfamilias salteñas podrían perder su único ingreso fijo

El dirigente social del norte provincial José “Jocha” Castro advirtió, en diálogo con Nuevo Diario de Salta, que la eliminación del programa no golpeará únicamente a sus beneficiarios.

Señaló que también profundizará la caída del consumo, afectará a los comercios barriales y agravará una crisis social que ya empuja a más personas hacia los basurales, los empleos rurales precarios y el narcomenudeo. La decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la cautelar que sostenía los pagos del programa Volver al Trabajo encendió las alarmas entre las organizaciones sociales. El fallo permitiría que más de 900 mil trabajadores de la economía popular dejen de percibir desde agosto una asignación mensual de aproximadamente 78 mil pesos. En Salta, el impacto podría alcanzar a cerca de 20 mil familias, según estimó el dirigente social del norte provincial José “Jocha” Castro. Para muchos de esos hogares, explicó, se trata prácticamente del único ingreso mensual asegurado. “De vuelta, la amenaza de Milei de quitar el programa genera mucha alerta en miles de familias de Salta y especialmente del norte provincial”, sostuvo Castro en diálogo con Nuevo Diario de Salta. El dirigente recordó que la eliminación de las transferencias se encontraba en discusión desde febrero y que, a partir de la movilización de las organizaciones sociales y de la presentación de un amparo judicial, los beneficiarios continuaron percibiendo el ingreso. “Ahora hubo otro fallo judicial a favor del Gobierno que, aparentemente, le permitiría dejar de pagar”, señaló.

Un ingreso pequeño pero indispensable

Castro aclaró que los 78 mil pesos mensuales se encuentran congelados y están lejos de cubrir las necesidades básicas de una familia. Sin embargo, remarcó que ese dinero permite afrontar algunos gastos esenciales. “Estamos hablando de cerca de 20 mil familias en Salta que van a perder lo que es prácticamente su único ingreso fijo. Son 78 mil pesos que, si bien es muy poco, sirven para pagar algunas cuentas, la tarifa de la luz -quizás una parte-, medicamentos o alimentos”, detalló. El dirigente rechazó que la discusión pueda reducirse a una supuesta confrontación contra los llamados “planeros”. Según explicó, la interrupción de los pagos tendrá consecuencias sobre toda la economía provincial, debido a que esos recursos se destinan inmediatamente al consumo. “Es dinero circulante que forma parte de la supervivencia de las economías locales. Va a los comercios de cercanía, al almacén, a la farmacia o a la librería”, afirmó. De acuerdo con su análisis, la pérdida de esas transferencias se producirá en un escenario marcado por la caída de las ventas y el cierre de comercios, una situación que -advirtió- ya puede observarse tanto en Salta Capital como en Orán, Tartagal y otras localidades del interior. “No es solamente que los mal llamados planeros van a dejar de cobrar. Es una bola de nieve gigante que perjudica a la economía, a los Estados locales y finalmente a servicios como la salud y la educación”, expresó. Castro vinculó la caída del consumo con una menor recaudación y, por consiguiente, con una reducción de los recursos coparticipables que reciben provincias y municipios. En ese marco, sostuvo que las administraciones locales tendrán todavía menos capacidad para responder frente al crecimiento de la demanda social.

José “Jocha” Castro

“Son trabajadores y deben tener derechos”

El referente social también cuestionó la legalidad de la decisión y recordó que el salario social complementario fue establecido a partir de la Ley de Emergencia Social, aprobada por unanimidad en 2016. “Están pasando por encima de una ley que estableció un salario social complementario. Es un salario porque son trabajadores de la economía popular y deben tener derechos como cualquier otro trabajador o trabajadora”, afirmó. Volver al Trabajo surgió tras la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo y mantuvo una asignación que las organizaciones consideran un complemento para personas que desarrollan tareas dentro de la economía popular, pero no cuentan con un empleo formal. El Gobierno nacional sostiene que el programa cumplió con el plazo previsto y proyecta sustituir las transferencias directas por vouchers de capacitación laboral. Las partidas serían destinadas a empresas, centros de formación provinciales u organizaciones encargadas de dictar los cursos. Para Castro, sin embargo, retirar ese ingreso en el actual contexto constituye “un ataque” contra una población cuyo poder adquisitivo ya se encuentra fuertemente deteriorado. “No es solamente un ataque a los supuestos planeros. Es una puñalada más a gran parte de la población argentina, porque significa quitar poder adquisitivo cuando ya está muy abajo”, manifestó.

Comedores desbordados y trabajos por 18 mil pesos diarios

El dirigente describió un escenario social cada vez más crítico en el norte salteño, atravesado por la falta de asistencia estatal, la precarización laboral y el crecimiento sostenido de la demanda en comedores y espacios comunitarios. “Hoy el Estado está totalmente retirado. Faltan medicamentos del PAMI, no hay una buena atención en los hospitales públicos de la provincia, no existe asistencia alimentaria y los clubes están muy venidos a menos, con enormes dificultades”, enumeró. Castro señaló que las organizaciones perciben esa crisis directamente en el territorio. “Nosotros tenemos un comedor y cada semana viene más gente. También contamos con un espacio de asistencia y cada semana se acerca más gente”, relató. Al mismo tiempo, aseguró que creció la cantidad de personas obligadas a aceptar empleos rurales mal remunerados y en condiciones extremadamente exigentes. “Vemos mucha más gente buscando trabajos de mala calidad y mal pagos, como ocurre en muchas fincas del norte, donde apenas están pagando entre 18 mil y 22 mil pesos por día para trabajar entre ocho y doce horas, doblando la espalda en la siembra o en la cosecha”, denunció.

“Hay más gente revolviendo basura”

La expresión más cruda del deterioro, afirmó Castro, se observa en los basurales y en los barrios del norte provincial. “Vemos más gente en el basural, revolviendo la basura, buscando algo para comer o algo para vender”, sostuvo. También alertó sobre el crecimiento del narcomenudeo como una salida desesperada frente a la falta de ingresos. “Vemos el aumento de mucha gente que se pone a vender droga en sus hogares como una salida laboral, destruyendo a muchísimos jóvenes y adultos de los barrios y las comunidades”, advirtió.

Para el dirigente, los municipios y la Provincia no tienen capacidad suficiente para contener el agravamiento de la crisis debido a la caída del consumo y de la coparticipación.

En ese escenario, consideró que el fin de Volver al Trabajo puede profundizar dramáticamente una situación social que ya se encuentra al límite.

“Quitar los programas sociales es una puñalada más, una puñalada de muerte, me atrevería a decir, para gran parte de nuestra población argentina, que ya está sufriendo demasiado”, concluyó.