Propician evaluaciones psicológicas para funcionarios de los tres poderes
La diputada provincial Mónica Juárez presentó un proyecto de ley que busca incorporar evaluaciones psicológicas obligatorias para autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, con el objetivo de sumar nuevos parámetros de idoneidad para el ejercicio de la función pública. La iniciativa comprende a funcionarios del Poder Ejecutivo hasta la categoría de Director Provincial, autoridades y legisladores del Poder Legislativo y autoridades y funcionarios del Poder Judicial.
Según establece el proyecto de autoría de Juárez, la evaluación deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores a la designación o elección y repetirse cada dos años.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de equipos interdisciplinarios de diagnóstico psicológico para cada poder, integrados por profesionales de la psiquiatría y la psicología seleccionados mediante concurso público. Estos organismos deberán contar con independencia respecto del poder cuyos integrantes tengan que evaluar. “En numerosos ámbitos laborales se exige un examen preocupacional o psicofísico. Resulta razonable que quienes tenemos responsabilidades públicas también podamos acreditar aptitudes acordes a la función que desempeñamos”, plantea Juárez.
La legisladora remarcó además que el proyecto no pretende analizar pensamientos, posiciones ideológicas ni convertir la salud mental de los funcionarios en información pública. Por el contrario, la iniciativa establece expresamente principios de reserva, confidencialidad e intimidad.
La propuesta incorpora entre los aspectos a evaluar aptitudes vinculadas al discernimiento, la ecuanimidad, el equilibrio y la capacidad para desempeñar responsabilidades públicas.
Para Juárez, los actuales mecanismos de selección suelen concentrarse en antecedentes académicos, profesionales o políticos, pero el ejercicio de una función de alta responsabilidad también exige capacidad para conducir equipos, administrar situaciones de presión y adoptar decisiones complejas. “Ejercer poder implica una enorme responsabilidad. Si exigimos idoneidad para ingresar a muchos puestos de trabajo, el Estado debe estar dispuesto a exigirse a sí mismo estándares igualmente rigurosos”, señaló la autora del proyecto.