Denuncian una “privatización encubierta” de Fabricaciones Militares
Los trabajadores de Fabricaciones Militares nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que el Gobierno nacional avanzaría hacia una “privatización encubierta” del complejo industrial militar. La denuncia surge de un informe elaborado por el gremio sobre el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001.
Según el documento que publica La Política On Line, el mecanismo previsto permitiría transferir durante décadas el control operativo, comercial y productivo de las fábricas estatales a empresas privadas, sin que exista una declaración formal de privatización aprobada por el Congreso. El esquema contempla la conformación de Uniones Transitorias entre Fabricaciones Militares y operadores privados. Aunque el Estado mantendría la propiedad de los inmuebles y las plantas, ATE sostiene que la administración cotidiana, la producción, la comercialización y buena parte de las decisiones estratégicas quedarían bajo conducción empresarial.
Mayoría privada y contratos de hasta 35 años
Uno de los puntos más cuestionados es la estructura de participación. El pliego establece que el operador privado deberá contar con un mínimo del 51%, pero no fija un porcentaje máximo. De esta manera, una empresa podría asumir una participación todavía mayor y dejar al Estado en una posición minoritaria. El Comité Ejecutivo de la Unión Transitoria estaría integrado por tres representantes del operador privado y dos del Estado. La presidencia también quedaría en manos del sector empresarial, que tendría mayoría para tomar decisiones relacionadas con los presupuestos, la contratación de personal y equipos y determinadas acciones judiciales. Además, el representante legal sería designado por la empresa privada y no podría ser removido sin causa, salvo por una decisión unánime. El contrato también está el plazo previsto constituye otro foco de preocupación. Los contratos podrían extenderse entre 10 y 35 años, por lo que, en caso de aplicarse el período máximo, el funcionamiento de las plantas quedaría condicionado hasta 2061. ATE también cuestionó la cláusula que regula una eventual recuperación anticipada del control estatal. Si el contrato fuera rescindido por razones de defensa nacional, seguridad pública, interés público o conveniencia estratégica, el Estado debería pagar la inversión no amortizada más un 10% adicional. Para el gremio, esta disposición funcionaría como un “candado financiero”.
El concurso permite la participación de personas jurídicas constituidas fuera del país. Frente a esta posibilidad, el informe alerta que una compañía extranjera podría asumir el control de la producción de municiones, armamento, pólvoras, explosivos y cañones, además de intervenir en su comercialización internacional.
El capítulo laboral es otro de los ejes del documento. ATE señaló que el pliego no garantiza la estabilidad de los trabajadores, no establece una dotación mínima ni contiene compromisos concretos para preservar los puestos laborales. Tampoco prevé mecanismos de consulta o participación para las organizaciones sindicales. Para el sindicato, el concurso no representa únicamente una asociación destinada a modernizar Fabricaciones Militares. Aunque los bienes continuarían formalmente en manos públicas, la cesión prolongada de la gestión, la producción, la representación legal y la comercialización configuraría una transferencia material del control del complejo industrial militar argentino.