Rivadavia Banda Norte: denuncian que la Municipalidad transfirió $20 millones a una cuenta errónea
El concejal Eduardo Elías Dip puso bajo observación el manejo de los recursos durante la gestión del intendente Ariel Arias. Según afirmó, la comuna habría enviado $20 millones a una cuenta bancaria equivocada durante una compra de forraje.
La administración de los fondos públicos en Rivadavia Banda Norte volvió a generar cuestionamientos dentro del ámbito político local. En esta ocasión, el concejal Eduardo Elías Dip expuso una presunta transferencia de $20 millones vinculada con una adquisición de forraje.
Según explicó el edil, la Municipalidad habría girado el dinero hacia una cuenta que no correspondía al proveedor. El vendedor no habría recibido el pago y, posteriormente, habría reclamado el cumplimiento de la operación ante las autoridades.
En ese marco, Dip sostuvo en declaraciones ante los medios que el primer desembolso habría terminado en una cuenta ajena al verdadero proveedor. “Habían hecho un pago prácticamente a un desconocido, a un banco que creo que figura en el Paraguay, de $20.000.000”, afirmó el concejal.
El reclamo del proveedor y las cuentas municipales
De acuerdo con la versión del concejal, el proveedor habría recurrido a una fiscalía después de no recibir el dinero. Luego, el municipio habría efectuado otro giro por $20 millones para completar la adquisición. Si la documentación oficial confirma esta secuencia, la operación podría haber demandado $40 millones, pese a que la compra original habría tenido un valor de $20 millones.
El planteo se suma a otros pedidos de información sobre las cuentas municipales. Dip afirmó que todavía existirían informes pendientes de distintos períodos y rendiciones semestrales correspondientes a 2025. También señaló que la comuna habría recibido unos $209 millones mensuales en coparticipación, equivalentes a más de $1.881 millones durante ocho meses. A ese monto agregó recursos destinados a 32 establecimientos educativos y a diferentes festivales.
Por ahora, las acusaciones forman parte de las declaraciones públicas del concejal y requieren documentación que permita verificar lo ocurrido. Los comprobantes bancarios y expedientes administrativos deberán determinar el destino de los primeros $20 millones y las medidas adoptadas posteriormente por el municipio.