La jueza Toledo Zamora alertó por las adicciones y pidió más recursos para menores en Orán
La jueza María Laura Toledo Zamora analizó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió sobre el impacto de las adicciones. También reclamó más prevención, recursos y equipos especializados en Orán.
La Dra. María Laura Toledo Zamora, integrante del Tribunal de Juicio y jueza con competencia en el Régimen Penal Juvenil del Distrito Orán, analizó la entrada en vigencia del nuevo marco legal.
La normativa establece la responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. Ante este escenario, la magistrada cuestionó las limitaciones operativas que enfrenta el interior provincial para aplicar el nuevo régimen.
Toledo Zamora también remarcó la importancia de intervenir antes de que los jóvenes lleguen a los tribunales. En ese sentido, sostuvo que la prevención y la contención social resultan claves para evitar que los conflictos lleguen al sistema penal.
La jueza también advirtió sobre el riesgo de que los jóvenes sean captados por organizaciones vinculadas al narcotráfico. “Hay que prevenir porque primero está el consumo y después termina siendo soldado o vendedor de redes narcotraficantes que los captan”, sostuvo.
Además, explicó que en Orán se reciben casos de robos calificados, abusos sexuales, delitos cometidos mediante redes sociales y violencia escolar con armas blancas. Sin embargo, destacó que las adicciones aparecen como un factor frecuente dentro de los expedientes.
La jueza alertó por el consumo y la falta de recursos
Toledo Zamora puso el foco en el consumo de sustancias y su relación con las trayectorias delictivas. “Lamentablemente yo le voy a decir que el tema de las adicciones está instalado en todos los estratos sociales”, afirmó.
La magistrada agregó: “El 80 % de los menores que recibimos está en conflicto con las sustancias”. Además, señaló que los expedientes muestran situaciones de abandono material y moral que requieren un análisis socioeducativo antes de definir cada medida.
En cuanto a las sanciones, Toledo Zamora explicó que la nueva normativa establece un máximo de 15 años de prisión y prohíbe la prisión perpetua. También contempla alternativas como amonestaciones, trabajos comunitarios y monitoreo electrónico.
La magistrada consideró que la privación de libertad debe aplicarse como último recurso. En Orán, el sistema dispone de 24 camas para varones en un distrito de más de 150.000 habitantes. Además, no cuenta con un espacio para alojar a adolescentes mujeres y necesita más personal capacitado y equipos interdisciplinarios.