El Gobierno envió al Congreso un proyecto para endurecer las penas por explotar recursos en Malvinas
El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía de manera significativa las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y zonas aledañas.
La iniciativa, firmada por Javier Milei junto a varios de sus ministros, propone derogar la ley vigente desde 2011, que solo penaliza actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría cualquier actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina.
El proyecto surgió después de que se confirmara el inicio del proyecto Sea Lion, una explotación petrolera impulsada por empresas extranjeras a poco más de 200 kilómetros del archipiélago.
Multas millonarias y penas de hasta 20 años
Las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Para los casos de exploración o explotación de hidrocarburos sin permiso, las penas de prisión previstas van de 12 a 20 años.
La extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos sin autorización tendría condenas de entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo. También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas actividades a sabiendas de su destino.
Sanciones también para las empresas
Las sociedades involucradas podrían sufrir la revocación de sus habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado argentino y, en algunos casos, su disolución. El proyecto contempla además un régimen de desistimiento para quienes abandonen las prácticas cuestionadas y regularicen su situación.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El segundo eje de la iniciativa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional que integraría funciones de defensa, diplomacia, economía, inteligencia y ciberseguridad. Su órgano de conducción sería un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei, con participación permanente del jefe de Gabinete y varios ministros clave.
El proyecto también habilita un protocolo para identificar e interceptar aeronaves y buques considerados hostiles, aunque aclara que el uso de fuerza letal requeriría una orden expresa del Presidente y deberá ajustarse al derecho internacional. Además, prohíbe expresamente el hundimiento de buques civiles como forma de sanción.
Modificaciones en materia electoral y de inteligencia
La iniciativa también prohíbe que extranjeros sin residencia permanente o personas jurídicas extranjeras financien o dirijan actividades de campaña política en el país. Incorpora, además, nuevas figuras penales vinculadas a operaciones de inteligencia extranjera y campañas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, un mecanismo que permite inmovilizar bienes bajo intervención judicial.
Fuente: Infobae