Vecina de Las Lajitas denuncia hostigamiento del intendente Fernando Alabi

La mujer cuestiona al intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi, por la clausura de su negocio y las trabas para acceder a la electricidad.

Asegura que recibe un trato desigual, mientras la Municipalidad exige documentación y el cumplimiento de requisitos para regularizar la situación. “Desde el mes de marzo que estoy sin trabajar, porque él me clausuró el negocio, ¿de dónde voy a sacar dinero yo?”. La pregunta resume la situación que describe a Nuevo Diario, Victoria Zalazar, vecina de Las Lajitas, quien denunció que el conflicto que mantiene con la Municipalidad por su local comercial la dejó sin posibilidades de sostener su actividad y afrontar una eventual reconstrucción en otro lugar.

La mujer atribuyó las medidas a un hostigamiento del intendente Fernando Alabi y sostuvo que las exigencias que recaen sobre ella no se aplican de la misma manera a otros ocupantes del sector.

La documentación aportada incluye un reclamo por el servicio para la vivienda que comparte con su madre, y una actuación municipal que condiciona esa certificación al cumplimiento de requisitos administrativos.

Zalazar insiste en que el centro del problema es la imposibilidad de trabajar y la falta de recursos para encontrar una salida. “Yo no puedo construir otro lugar, yo no tengo dinero para eso”, expresó, al rechazar versiones que, según considera, desvían la discusión hacia el tamaño del terreno que ocupa, y otras declaraciones que entabló el Jefe Comunal con medios locales.

“Es el único local clausurado”

Durante el intercambio, la mujer sostuvo que su comercio es el único clausurado en un sector donde, según su relato, existen otros establecimientos en condiciones similares. También aseguró que los lotes utilizados por algunos vecinos tienen dimensiones mayores y cuestionó que la Municipalidad le reclame documentación que, afirma, tampoco poseen los demás. “No quiero que se saque de foco esto: que es el único local clausurado”. La denunciante atribuyó esa diferencia de trato a motivos ajenos a los requisitos formales invocados por el municipio. Se trata de una acusación de la vecina, que no queda acreditada por sí sola con la documentación aportada, aunque los escritos permiten reconstruir parte de las gestiones realizadas y de las condiciones impuestas por la administración local. Respecto de la ubicación del negocio, estimó que alrededor del 20% se encuentra sobre la superficie señalada como vereda municipal y el resto en el predio del ferrocarril. Manifestó que está dispuesta a retirar sus pertenencias de la primera fracción y trasladarlas hacia el sector ferroviario, cuya situación dominial y autorización de uso no se encuentran acreditadas en el material consultado. “Yo no tengo ningún problema con levantar mis cosas y trasladar todo para la parte perteneciente al ferrocarril”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que detrás del conflicto existiría una cuestión personal.

El pedido de luz y la denuncia de trato desigual

Uno de los documentos es una nota fechada el 5 de junio de 2026, dirigida al intendente Alabi, en la que Zalazar solicita con carácter urgente la certificación de factibilidad municipal para presentar ante EDESA y obtener la conexión eléctrica de su vivienda. En el escrito señala que el medidor ya estaba instalado y que el pedido había sido formulado previamente mediante una carta documento que, según consigna, fue recibida por la Municipalidad el 18 de marzo. La presentación sostiene que, hasta ese momento, no habían obtenido una respuesta que permitiera resolver el acceso al servicio y describe las consecuencias de esa carencia para la vida cotidiana. “No estamos pidiendo un favor; estamos reclamando el acceso a la energía eléctrica”.

Zalazar también afirma en esa nota que los vecinos y comercios de la misma cuadra, ubicados en el predio del Ferrocarril Belgrano, cuentan con medidores y desarrollan sus actividades normalmente. Sobre esa comparación fundamenta su denuncia de discriminación y trato desigual hacia ella y su madre, y solicita que la certificación sea entregada en un plazo de 48 horas.