Denuncia por presunta falsificación de firma sacude a Unidad Popular
La presentación involucra documentación utilizada para el reconocimiento de un apoderado ante la Justicia Electoral. Fuentes reservadas señalaron que la denuncia fue remitida a la Fiscalía Federal y que también existen cuestionamientos sobre un balance partidario.
Una denuncia por presunta falsificación de firma profundizó el conflicto interno en el partido Instrumento Electoral por la Unidad Popular de Salta.
La presentación involucra al secretario de Acción Política y apoderado, Daniel Escotorín, a quien se le atribuye haber utilizado sin autorización la firma de Ezequiel Rojas Frondizi, presidente de la fuerza.
Según fuentes reservadas consultadas por Nuevo Diario, el hecho denunciado se relaciona con una nota cargada el 15 de mayo de 2026 en la plataforma digital del juzgado electoral para obtener el reconocimiento de Escotorín como apoderado.
La presentación habría incluido el sello y una firma atribuida a Rojas Frondizi, sin su anuencia.
Las fuentes precisaron que la designación de Escotorín había sido avalada por un congreso extraordinario partidario. El cuestionamiento se concentra en el trámite posterior, mediante el cual se solicitó formalizar esa decisión ante la Justicia Electoral con documentación cuya autenticidad está denunciada.
Según las fuentes consultadas, la documentación cuestionada fue presentada entre marzo y junio, mientras Rojas Frondizi se encontraba en la provincia de Buenos Aires. Su sello había quedado en la oficina partidaria y Escotorín contaba con acceso a la plataforma del juzgado para realizar gestiones y garantizar la continuidad administrativa de la fuerza.
De acuerdo al relato, la presentación fue realizada ante la Cámara Nacional Electoral y posteriormente remitida a la Fiscalía Federal. Desde el sector denunciante indicaron que aguardan una convocatoria para realizar una pericia caligráfica que permita determinar la autenticidad de la firma cuestionada.
A este planteo se sumaron objeciones sobre documentación contable. Las fuentes afirmaron que también detectaron firmas atribuidas al presidente en un balance que, según sostienen, no había sido aprobado.
Advirtieron que esa situación podría comprometer las responsabilidades económicas y financieras de las autoridades partidarias.
El enfrentamiento incluye, además, pedidos de renuncia dirigidos a la conducción. Según la versión recogida, Escotorín y la vicepresidenta Gabriela Burgos reclamaron el apartamiento del presidente y del tesorero.
Ambos rechazaron esa exigencia, en medio de diferencias por el manejo de los fondos y el cumplimiento de la carta orgánica.
Por el momento, las fuentes señalaron que Escotorín conserva sus cargos de secretario de Acción Política y apoderado.
Indicaron que se impulsarán sanciones internas y solicitarán la revocación de su representación conforme avance la actuación judicial.
Las fuentes consultadas señalaron que las autoridades partidarias mantienen sus mandatos vigentes y rechazaron las versiones sobre una supuesta renuncia o un cambio de conducción. Asimismo, indicaron que la presidencia continúa reconocida por la Justicia Federal con competencia electoral y desconocieron versiones sobre una supuesta renuncia o un cambio de autoridades.