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Cafayate: acusan al municipio de canjear una habilitación ambiental por pavimento

Una grave acusación sobre las condiciones en las que se autorizan los desarrollos inmobiliarios en Cafayate encendió alarmas sobre los mecanismos de control ambiental del municipio.

El ingeniero y vecino Marcos Lallampa aseguró que la empresa constructora Saltapor habría ejecutado la pavimentación de una calle como contrapartida para conseguir la habilitación am-biental de un emprendimiento de gran escala, una denuncia que, de comprobarse, abriría se-rios interrogantes sobre la transparencia de las decisiones oficiales y los criterios utilizados para evaluar el impacto de las nuevas construcciones sobre los servicios públicos.La controversia gira alrededor de un proyecto inmobiliario que contempla la construcción de cuatro o cinco torres, con aproximadamente 200 departamentos, cuya incorporación a la trama urbana podría incrementar considerablemente la demanda de agua, infra-estructura sanitaria y servicios esenciales. Sin embargo, el cuestionamiento de Lallampa no se limita a la magnitud del emprendimiento, sino que apunta a la presunta existencia de un intercambio entre la empresa y el Ejecutivo municipal para facilitar la obtención del Certificado Ambiental Municipal (CAM).

Una calle pavimentada y muchas sospechas

Durante una entrevista con Radio Cafayate, Lallampa sostuvo que la pavimentación de una arteria habría sido utilizada como moneda de cambio para conseguir la aprobación ambiental necesaria para avanzar con el proyecto. Según su planteo, el problema radica tanto en las condiciones de ese supuesto acuerdo como en la manera en que se habría evaluado la factibilidad de una obra con capacidad para modificar sustancialmente las necesidades de infraestructura del sector. “Si yo evalúo el CAM solo por el predio, obvio que me va a dar la factibilidad, pero tengo que evaluar en conjunto el terreno más todo lo que tengo a la vuelta”, cuestionó el vecino, al advertir que la autorización de un desarrollo de semejantes dimensiones no debería limitarse a las características del terreno donde se levantan los edificios, sino contemplar también sus consecuencias sobre los barrios y los servicios existentes.

El riesgo que preocupa:

200 departamentos y una red cloacal bajo presión

Más allá de las sospechas sobre el procedimiento administrativo, el ingeniero puso especial énfasis en las consecuencias que podría tener el nuevo complejo habitacional sobre el sistema cloacal de Cafayate, una infraestructura cuya capacidad deberá responder a una demanda considerablemente mayor cuando las unidades estén habitadas.

Lallampa reconoció que Saltapor realizó trabajos sanitarios complementarios, entre ellos la instalación de cañerías en una arteria perpendicular a la calle 25 de Mayo, aunque advirtió que esas intervenciones no necesariamente garantizan que el sistema pueda absorber el volumen adicional de efluentes generado por el emprendimiento. “Hay que ver a futuro si no tenemos problemas con las cloacas y el tratamiento de las aguas servidas”, señaló, al reclamar una evaluación integral que contemple no solamente la conexión del edificio a la red, sino también la capacidad de transporte y tratamiento de los líquidos cloacales.

El vecino también dirigió sus cuestionamientos hacia los concejales, a quienes reclamó abandonar la pasividad e intervenir para esclarecer las condiciones en las que se habría producido el acuerdo entre la Municipalidad y Saltapor. Según relató, sus intentos por trasladar distintas inquietudes al cuerpo legislativo no encontraron las respuestas que esperaba, situación que lo llevó a poner en duda el nivel de información con el que cuentan los representantes locales sobre las decisiones del Ejecutivo. “Me cansé de ir al Concejo. Los invito a que se reúnan, evalúen a las partes y lean la letra chica de ese trueque”, expresó, al exigir una revisión de las actuaciones administrativas y de los compromisos asumidos por la empresa constructora.

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