Discapacidad: media sanción entre dudas y desconfianza de Diputados
Diputados dio media sanción al nuevo régimen con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Tras años de recortes, auditorías cuestionadas y reclamos judiciales, el Gobierno aceptó modificaciones impulsadas por la oposición. El proyecto pasa al Senado, pero el financiamiento previsto en el Presupuesto 2027 mantiene en alerta al sector.
Al cierre de esta edición, y luego de un extenso debate que expuso las contradicciones del oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la nueva Ley de Discapacidad con una amplia mayoría que superó los dos tercios del recinto. Sin embargo, detrás de los 237 votos afirmativos quedó una pregunta que atravesó buena parte de las intervenciones: ¿cumplirá finalmente el Gobierno de Javier Milei con los derechos que ahora promete garantizar? La aprobación llegó después de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, que consiguieron incorporar modificaciones al proyecto libertario para evitar retrocesos en las prestaciones, las pensiones y el financiamiento. El oficialismo, que había vetado la Emergencia en Discapacidad y judicializado su implementación, defendió esta vez la necesidad de establecer un régimen permanente para el sector. El giro no pasó inadvertido. Desde el inicio de la gestión de Milei, las personas con discapacidad y sus familias atravesaron suspensiones de pensiones, dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones, auditorías cuestionadas y reiterados reclamos judiciales. Incluso, el Gobierno utilizó el caso de una radiografía correspondiente a un perro para justificar públicamente su política de revisión de beneficios, en medio de denuncias por estigmatización.
Del rechazo al acuerdo político
El debate comenzó cerca de las 20.30, cuando el libertario Gerardo Huesen sostuvo que “las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencia permanente”. La oposición respondió recordando que la emergencia continúa y que las dificultades no desaparecen por una nueva declaración legislativa. “No podemos dejar de decir que para nosotros no está superada la emergencia”, advirtió la diputada Sabrina Selva, mientras Juan Marino fue más contundente: “Para que se supere la emergencia, primero Milei tiene que cumplir la ley”. El diputado Oscar Herrera Ahuad detalló las modificaciones acordadas, que fueron aceptadas por el oficialismo y celebradas con aplausos en el recinto. Marino pidió entonces el mismo reconocimiento para las organizaciones de discapacidad, protagonistas de una lucha sostenida en las calles.
Los cambios y la amenaza presupuestaria
El texto establece que, si las partidas de Salud resultan insuficientes, deberán incorporarse recursos del Tesoro Nacional. También garantiza la actualización mensual de aranceles por inflación, fija plazos para compensar las deudas con prestadores y contempla mayores garantías antes de suspender pensiones. Además, mantiene la Ley de Empleo Protegido y dispone que, para acceder a una pensión por discapacidad, se consideren los ingresos individuales y no los del grupo familiar. Pero el principal interrogante quedó instalado sobre el Presupuesto 2027. Marino reclamó eliminar los artículos que contradicen las garantías incorporadas y exigió un compromiso político para evitar que la nueva legislación termine convertida en letra muerta. El propio debate presupuestario ya había expuesto diferencias entre las previsiones del Ejecutivo y los acuerdos alcanzados en el Congreso.
La media sanción representa un avance legislativo, aunque no despeja la incertidumbre de quienes llevan casi dos años reclamando respuestas. Con el proyecto rumbo al Senado, las organizaciones mantienen la atención sobre el financiamiento y el cumplimiento efectivo de las prestaciones. Porque mientras en el recinto se multiplicaron los aplausos y las declaraciones de compromiso, fuera del Congreso persiste una realidad que ninguna votación modifica por sí sola: los derechos no se garantizan con promesas, sino con recursos, decisiones y cumplimiento.