Salvador Mazza: la Justicia intervino Transporte Urkupiña por 90 días
La jueza Eugenia Hernández Berni dispuso que una administradora judicial asuma la gestión de la empresa Transporte Urkupiña que conecta Salvador Mazza con Tartagal. La medida busca preservar el patrimonio y garantizar la continuidad del servicio, en medio de una crisis financiera y un conflicto entre socios y herederos.
La Justicia de Tartagal ordenó ampliar la intervención judicial de Transporte Urkupiña SRL y poner su administración en manos de una profesional designada por el tribunal. La resolución fue firmada el 14 de octubre de 2026 por la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación, Eugenia Hernández Berni, en el marco de una acción judicial que busca la remoción del socio administrador, Rubén Francisco Severich.
La medida establece una administración judicial por un plazo de 90 días, durante el cual la contadora pública Mónica Graciela Pastrana tendrá a su cargo la gestión ordinaria de la sociedad. La profesional deberá aceptar la designación dentro de los tres días y actuar bajo el control permanente del tribunal, con la obligación de proteger los bienes de la empresa y procurar que sus actividades continúen con normalidad.
La intervención se produce en un contexto de dificultades económicas y financieras, además de disputas internas entre socios y herederos. Según la resolución difundida por Infopocitos, el expediente también expone cuestionamientos sobre la gestión de la firma y su relación operativa con Transporte San Francisco SRL, otra empresa que presta el mismo servicio y que, de acuerdo con el informe incorporado a la causa, está a cargo del mismo gerente.
La resolución apunta a preservar los bienes y revisar las cuentas de la empresa
Entre los fundamentos de la decisión, la jueza tomó en cuenta un informe elaborado por la veedora judicial que advirtió sobre un estado económico, financiero y fiscal deficitario. El documento también mencionó la existencia de juicios contra la sociedad, cheques rechazados y el bloqueo de la clave fiscal, situaciones que podrían afectar su funcionamiento. Asimismo, consignó un presunto riesgo financiero y posibles desvíos en favor de Transporte San Francisco, extremos que forman parte de los elementos evaluados judicialmente y no constituyen por sí mismos una sentencia definitiva sobre responsabilidades.
La administradora deberá elaborar un inventario inicial de los bienes, activos, pasivos y documentación societaria. También tendrá que requerir los libros contables y laborales, registros fiscales, contratos, comprobantes, movimientos de ingresos y egresos y extractos bancarios. Además, deberá presentar informes periódicos sobre la situación patrimonial y financiera e informar de inmediato cualquier irregularidad relevante. Para vender, gravar o realizar actos extraordinarios que comprometan los bienes sociales, necesitará autorización judicial previa.
La resolución sostiene que la coadministración resultaba insuficiente frente a la situación de la empresa y al conflicto interno que atraviesa. Por eso, dispuso avanzar con una administración judicial que permita preservar el patrimonio y sostener la actividad mientras continúa el proceso principal.
La medida tendrá una duración inicial de 90 días y podrá modificarse o levantarse si cambian las circunstancias que la justificaron. La decisión no resuelve todavía quién quedará definitivamente al frente de la compañía ni determina, por sí sola, responsabilidades finales por las irregularidades señaladas.