Concejales analizan la adhesión a la Ley Octorina para prevenir la violencia sexual contra mujeres indígenas
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta debatió un proyecto para que el municipio adhiera a la Ley Octorina, que busca prevenir y abordar las agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. Organizaciones indígenas y organismos estatales reclamaron más campañas de sensibilización, educación y acompañamiento a las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad del Concejo Deliberante de Salta analizó un proyecto de ordenanza que propone la adhesión municipal a la Ley Provincial N.º 8.534, conocida como Ley Octorina, destinada a prevenir y abordar integralmente los crímenes de odio y las agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios.
La iniciativa fue presentada por la concejala Malvina Gareca y busca trasladar al ámbito municipal los objetivos de la normativa provincial, promulgada mediante el Decreto N.º 275/2026. Tras la reunión, los concejales resolvieron continuar con el análisis del proyecto en próximos encuentros, con el objetivo de incorporar los aportes de las organizaciones y organismos participantes.
Del debate participaron representantes de la organización indígena Na’Nachepa, del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
Un reclamo histórico de las comunidades indígenas
Durante la reunión, Libia Tujuayliya Gea Zamora, integrante de Na’Nachepa, repasó los antecedentes de la Ley Octorina y la lucha de las comunidades por visibilizar la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas.
La referente explicó que el proyecto de ley fue presentado por el senador provincial Walter Cruz el 1 de junio de 2022, en coincidencia con la fecha del fallecimiento de Octorina Zamora, y que su elaboración recogió reclamos sostenidos durante años por las comunidades originarias.
“Se escuchó un reclamo histórico que se venía haciendo sobre este tipo de crímenes de odio racial que muchos conocen como chineo”, sostuvo.
Gea Zamora cuestionó que esa denominación pueda minimizar la gravedad de los hechos y dificultar su comprensión social. “No todo el mundo se hace la idea de que estamos hablando de abusos sexuales y que son específicamente dirigidos a niñas, adolescentes y mujeres indígenas”, advirtió.
Además, señaló que estas situaciones no deben analizarse únicamente dentro de las comunidades, sino también en relación con personas que se trasladan a esos territorios, por ejemplo, para participar de festivales populares o realizar actividades recreativas en el Chaco salteño.
La representante de Na’Nachepa consideró que la adhesión municipal es necesaria para fortalecer la prevención y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
“Creo que todos los municipios de la provincia de Salta debieran adherir a esta declaración que hace la Cámara de Senadores y el cuerpo legislativo de nuestra provincia, honrando la presencia indígena en nuestra provincia y también los derechos de los pueblos indígenas”, expresó.
Educación, prevención y acompañamiento estatal
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Natalia Fuentes destacó la importancia de fortalecer la sensibilización y la articulación entre las instituciones para prevenir estos delitos y garantizar la implementación de la normativa.
Por su parte, Mirta Mejías, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, explicó que la reglamentación de la ley se elaboró con la participación de comunidades originarias y distintos organismos. También anticipó la puesta en marcha del Observatorio de la Ley Octorina.
La funcionaria remarcó la necesidad de impulsar capacitaciones y acciones educativas que permitan reconocer las distintas formas de violencia, evitar su naturalización y facilitar que las víctimas puedan denunciar y recibir acompañamiento.
En ese sentido, sostuvo que la prevención debe involucrar a toda la sociedad y no limitarse a las comunidades indígenas, por lo que también resulta necesario trabajar con quienes ingresan o se trasladan a esos territorios.
A su turno, Alisia Yurquina, profesora y vocal kolla del IPPIS, destacó la importancia de avanzar con la adhesión municipal y garantizar que las herramientas previstas en la normativa lleguen efectivamente a las comunidades.
Qué acciones podría impulsar el municipio
Durante el intercambio también se analizaron posibles medidas para implementar en la ciudad si se aprueba la adhesión a la Ley Octorina.
Entre las propuestas mencionadas se encuentran campañas de difusión y sensibilización durante eventos populares, una mayor articulación con el futuro Observatorio de la Ley Octorina y la posibilidad de establecer una Semana Municipal de la Mujer Indígena durante la semana del 5 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena.
La discusión busca definir qué herramientas puede poner en marcha el municipio para contribuir a la prevención de las agresiones, promover el respeto por los derechos de las comunidades originarias y mejorar el acompañamiento ante situaciones de violencia.
De la reunión participaron los concejales Malvina Gareca, Gustavo Farquharson, Florencia León, Erica Castro y Ángel Ortiz.
Por el momento, el proyecto de ordenanza continúa en estudio. La comisión prevé seguir trabajando sobre su contenido y evaluar los aportes recibidos para avanzar en una propuesta que permita articular la normativa provincial con acciones concretas en el ámbito municipal.