Rosario de la Frontera: un concejal busca impulsar una comisión investigadora por contrataciones municipales
El concejal José Matías Calderón cuestionó las dificultades para acceder a documentación sobre los proveedores del municipio y puso bajo análisis los montos facturados por distintos prestadores. Tras recibir informes de la Secretaría de Hacienda, consideró necesario avanzar con una comisión investigadora para esclarecer posibles irregularidades.
El acceso a la información sobre las contrataciones municipales abrió un nuevo frente de discusión en el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera. El concejal José Matías Calderón planteó la necesidad de conformar una comisión investigadora para examinar los servicios contratados por el Ejecutivo y los importes abonados a determinados proveedores.
El reclamo está vinculado con el expediente 21.469/26, que contiene una respuesta a la Resolución 5.061/26, mediante la cual se habían solicitado informes sobre los prestadores de servicios de la Municipalidad. Según explicó Calderón, el secretario de Hacienda presentó documentación ante el cuerpo legislativo, aunque consideró que todavía existen obstáculos para acceder a la totalidad de la información requerida.
“Los informes que han llegado y fueron presentados por el secretario de Hacienda muestran la permeabilidad que el cuerpo deliberante puede acceder a la documentación, no así al asesor legal”, manifestó el edil. También cuestionó la postura del área jurídica municipal frente a las facultades de control que corresponden al Concejo.
Cuestionamientos por los montos facturados y el acceso a la documentación
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con las advertencias que, según Calderón, habría realizado el asesor legal respecto de las posibles consecuencias de analizar la actuación de los proveedores.
“El asesor legal desconoce totalmente nuestras facultades de órgano de control y nos advierte que podemos caer en perjuicio de daños contra la persona que estamos analizando para averiguar por qué o en concepto de qué brindó el servicio y facturó la millonada que facturó”, sostuvo.
Para el concejal, las respuestas recibidas hasta ahora no permiten desarrollar un control suficiente sobre las contrataciones y los pagos municipales. En ese sentido, consideró que la documentación incorporada justifica avanzar hacia una instancia de investigación dentro del ámbito legislativo.
“Esto nos da muestra que los pedidos de informes no son respondidos como tiene que ser y que, al adjuntar más documentación, creemos necesario armar un proceso de comisión investigadora”, afirmó Calderón.
Por el momento, no se detallaron los puntos específicos que integrarán la eventual investigación ni se identificaron públicamente los proveedores involucrados o los montos observados. La iniciativa todavía debe formalizarse mediante los procedimientos correspondientes del Concejo Deliberante, por lo que su conformación y alcance permanecen pendientes.