Un sargento de la policía integraba una banda de 8 delincuentes que vendían drogas
Los investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), a cargo del fiscal Santiago López Soto, realizaron una tarea que permitió identificar a distintas personas que participaban de la comercialización de sustancias prohibidas a través de redes sociales.
Desde Santa Victoria Este, un sargento ayudante de la Policía de la Provincia de Salta proveía los estupefacientes.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio, Vocalía de Pablo Farah, en el juicio abreviado contra ocho personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Como resultado del trabajo realizado por la UFINAR, cinco de los imputados fueron condenados a prisión efectiva y tres de los acusados a prisión condicional por ser partícipes secundarios.
Así, deberán cumplir prisión efectiva Álvaro Medina (4 años y 6 meses); Luis Ángel Falcón (5 años); Facundo Ausa (3 años y 2 meses), siendo declarado reincidente por primera vez y Yamila Daniela Cardozo (4 años y 6 meses).
Franco Jesús Adrián Tabarcache, que se desempeñaba como sargento ayudante de la Policía de la Provincia de Salta, fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y portación de armas de fuego. El ex miembro de la fuerza de seguridad se encontraba con prisión domiciliaria, medida que fue revocada y se ordenó su traslado a la Penitenciaría.
Por ser partícipes secundarios, Nelly Gabriela Medina, Tania Micaela Tabernero y Leandro Ezequiel Mealla fueron condenados a tres años de prisión condicional, debiendo cumplir reglas de conducta.
En febrero de 2.021, un investigador de la UFINAR detectó en la red social Facebook un perfil que ofrecía estupefacientes para la venta. A partir de allí, los investigadores de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad realizaron una tarea que permitió identificar a distintas personas que participaban de la comercialización de sustancias prohibidas.
Una vez reunidas las pruebas, el fiscal López Sotto solicitó al Juzgado de Garantías autorización para realizar allanamientos.