A 46 años de Palomitas se impulsa una ley de la memoria provincial
En el acto por los 46 años de la Masacre de Palomitas destacaron la importancia en el impulso de una ley y la incorporación de fechas de la memoria en las currículas escolares. Según explicó Elia Fernández a Nuevo Diario, este pedido fue elevado a Educación para impulsar que sean incorporadas en el nivel secundario.
Benjamín Leonardo Ávila, Celia Raquel Leonard de Ávila; Georgina Droz, Evangelina Botta de Nicolai, María del Carmen Alonso; María Amaru Luque de Usinger, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Alberto Savranski y Rodolfo Usinger, fueron los 11 detenidos que el 6 de julio de 1976 fueron sacados de una unidad penal en Salta y asesinados en un enfrentamiento fraguado en el paraje Palomitas, a unos 50 km al sur de la capital de nuestra provincia.
"La sangre vertida en Palomitas", como versan las palabras de la reconocida poeta local "Kuky" Leonardi, además de latir en las venas salteñas, continúa exigiendo justicia, y sobre todo permanecer en la memoria de los que están y los que vienen.
Así lo expresaron ayer, en uno de los actos homenaje, en el Portal de la Memoria del Parque San Martín, advirtiendo además sobre el reflote de discursos negacionistas que ponen en peligro el relato de una de las páginas más nefastas de la historia en Salta.
Memoria en la secundaria
"Queremos que haya una efeméride el 11 de marzo, que es el secuestro de Ragone, el 6 de julio que es la masacre de Palomitas, el 24 y 25 de septiembre que fue la Masacre de Gallinato", dijo Fernández y remarcó la necesidad de que se reivindique regionalmente la memoria.
"Los compañeros masacrados en Palomitas nos interpelan, hoy nos comprometen con el aquí y el ahora", señalaba el documento que tuvo lectura en el acto de ayer, y llamaba a la militancia por los derechos humanos, a un mayor involucramiento, y a la visibilización de "a dos realidades, dos Salta, una que goza de los beneficios del poder y otra para los excluidos del sistema".
Por una ley provincial
"Después de 46 años de la masacre de Palomitas y 40 años de lucha por la búsqueda de justicia siento que puedo decir que he cumplido con la memoria de mi mamá, María del Carmen Alonso Ragone", remarcó Elia Fernández.
"Ahora el desafío está puesto en conseguir la institucionalización de la educación en memoria, sólo con educación podemos hacer efectivo el Nunca Más y evitar actos negacionistas que adhieren a ideologías del terrorismo de estado", remarcó la referente que adelantó que "las organizaciones que integramos la mesa de DDHH de Salta estamos impulsando una ley provincial de La Memoria, la Verdad y La Justicia estamos trabajando con el diputado David Leiva y el abogado Martín Ávila. Esta ley debe dar respuesta a la necesidad de trabajar en conservar la memoria para las futuras generaciones y prevea sanciones para quienes cometan actos de negacionismo, siendo éstas más duras para quienes tengan responsabilidades por ser funcionarios públicos", concluyó.
La impotencia tras la partida del “juez de las tinieblas”
Un capítulo particular se vivió en el homenaje de ayer con expresiones de profunda impotencia por la reciente partida del genocida ex Juez Ricardo Lona, a quien lo alcanzó la impunidad biológica, y la indignación por el desconocimiento manifiesto desde el Colegio de Abogados de la provincia, que emitió un discurso de condolencia por su muerte.
"Así entonces, señor juez de las tinieblas, ante su partida le deseamos que nunca más pueda descansar en paz, porque así se lo merece, y ante la ausencia de la ley por usted ignorada nuestra presencia indiscutible en la memoria revolucionaria del pueblo", sostenía el discurso preparado para el segundo acto llevado adelante en Metán, a cargo de ex presos políticos y militantes al costado de la ruta nacional 34.
Y aunque finalmente Lona recibió condenas: como partícipe secundario del secuestro y homicidio del ex gobernador constitucional Miguel Ragone y por encubrimiento y prevaricato y entre idas y vueltas, debía ser juzgado nuevamente. Y nunca fue a una cárcel común ni fue a juicio por su ineludible participación en la Masacre de Palomitas y delitos cometidos en perjuicio de otras 78 personas.
Así, desde la Red de Derechos Humanos continúan exigiendo la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado desde 1974 a 1983, se ha pronunciado contra las domiciliarias y excarcelaciones a genocidas para los que exigió cárcel común, perpetua y efectiva y sostiene el reclamo por la restitución de la identidad a más de 400 jóvenes que fueron apropiados siendo bebés; por la preservación de los Sitios de Memoria, y la continuidad del rescate e identificación de los detenidos desaparecidos en enterratorios clandestinos.