El ex intendente de San Lorenzo sería condenado a 56 meses de prisión efectiva
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza.
Asimismo, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó tres años y seis meses para Sergio Armando. Ambas sentencias, de cumplimiento efectivo.
El Tribunal de esta causa dada las pruebas presentadas por la fiscal no tendría reparos para emitir su fallo condenatorio y cumplir lo solicitado por Salinas Odorisio.
La fiscal mantuvo su acusación de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor, en contra de Ernesto Fernando “Kila” Gonza. En cuanto a Armando, la fiscal de UDEC lo acusó de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
Salinas Odorisio en su alegato recalcó que en el juicio se estaban juzgando dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan "Una casa para tu hogar" y, el segundo, sobre la obra de un puente en calle Belgrano. A lo largo de toda su exposición, la fiscal de la UDEC sostuvo que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa "El Montañez" que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se trata de hechos de corrupción en obra pública con articulación entre el sector público (a cargo de Gonza) y el privado (Empresa El Montañez, de Armando).
Para graficar los hechos juzgados, la fiscal se valió de una pantalla gigante en los que fue resumiendo el rol de los involucrados y precisó que el inicio de las maniobras fraudulentas fue el 10 de abril de 2011, día en que tuvieron lugar las elecciones provinciales y Gonza perdió la intendencia en manos de Federico Parra.
La fiscal sostuvo que, desde ese día, se comenzó a orquestar el fraude en perjuicio del municipio de San Lorenzo y, en pantalla, presentó una copia del documento firmado por Gonza y Parra el 7 de diciembre de 2011, en el que el primero consignó que no existían contratos vigentes ni deudas ni obras sin ejecución.
Además, presentó un detalle de los cheques firmados ese día, los cuales el 12 de diciembre de 2011, familiares y amigos de Gonza y Armando se presentaron a cobrar. Salinas Odorisio indicó que, en total, los cheques sumaban la cifra de un millón de pesos, lo que actualizado a valores de hoy serían unos 40 millones de pesos. "Para que se den una idea, en diciembre de 2011 la coparticipación que cobraban la Municipalidad de San Lorenzo era de 200 mil pesos. Los cheques eran por un millón de pesos", precisó la fiscal.
En la pantalla, Salinas Odorisio también presentó un cuadro de relaciones en los que quedó en evidencia el vínculo familiar o de amistad que los testigos de la defensa mantienen con Gonza y/o Armando.
La Fiscal recordó al Tribunal que el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo -representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza- y la empresa "El Montañez" de Sergio Armando para la construcción de viviendas prefabricadas de madera en el marco del "Plan una casa para tu hogar". De acuerdo al testimonio de peritos y testigos, las casillas "no fueron debidamente concluidas según lo contratado, a las especificaciones obrantes y a las normas vigentes y reglas del buen arte".
En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC demostró que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.
Pedidos de absolución
Las defensas del ex intendente Gonza y el empresario Armando solicitaron la absolución de los imputados ante el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González.
La próxima jornada de la audiencia debate será el lunes 12 de diciembre a las 15 y se definiría la situación del ex jefe comunal y del empresario, se contempla que el fallo estaría ajustado a l pedido de la fiscalía.