Analizaron la situación del concejal libertario Casasola y avanza el pedido de suspensión
La situación institucional del concejal libertario Carlos Maximiliano Casasola quedó este viernes en una instancia decisiva dentro del Concejo Deliberante.
La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial resolvió rechazar el pedido de licencia presentado por el edil “por razones de índole personal” y emitió dos dictámenes sobre su continuidad en el cuerpo legislativo: uno de mayoría, que propone su suspensión; y otro de minoría, que plantea su exclusión definitiva.
La reunión se realizó con el objetivo de dar continuidad al análisis de la situación del concejal, en el marco de la denuncia por violencia de género existente en su contra. La comisión evaluó documentación remitida por la Fiscalía interviniente y también información vinculada a los hechos expuestos tanto por el legislador como por la denunciante durante el tratamiento del caso en ese ámbito.
El primer dato político e institucional fue el rechazo al pedido de licencia. Según se informó oficialmente, los presidentes de bloque acordaron no hacer lugar a la solicitud presentada por Casasola. La decisión marca una posición clara del Concejo: el expediente no quedará suspendido por una salida transitoria del edil, sino que continuará su curso dentro de los mecanismos disciplinarios previstos por la normativa municipal.
Dos caminos: suspensión o exclusión
Tras rechazar la licencia, la Comisión emitió un dictamen de mayoría que propone la suspensión del concejal Casasola hasta tanto la Justicia se expida respecto de la denuncia en su contra. Esa alternativa busca apartarlo preventivamente del cuerpo legislativo mientras avanza la investigación judicial. En paralelo, se incorporó un dictamen de minoría que plantea una medida más severa: la exclusión definitiva de Casasola del Concejo Deliberante. Esta postura considera que los elementos analizados habilitan una decisión institucional de mayor gravedad, sin esperar la resolución final de la causa judicial. Ambas posiciones fueron redactadas en el marco de lo establecido por el artículo 19 de la Carta Municipal, que refiere a la “incapacidad moral sobreviniente” de un miembro del cuerpo. Ese punto aparece como eje jurídico e institucional del debate, ya que permite al Concejo evaluar la conducta de sus integrantes cuando los hechos denunciados afectan su idoneidad moral para ejercer la representación pública.
La denuncia y el rol del Concejo
La Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial ya venía analizando la situación del edil a partir de los hechos de público conocimiento. En esta nueva instancia, el cuerpo recibió y evaluó documentación enviada por la Fiscalía interviniente, lo que permitió avanzar en una definición política interna. El análisis incluyó además información vinculada a las exposiciones realizadas por el propio Casasola y por la denunciante en el marco de la Comisión. Con esos elementos, los concejales debatieron qué respuesta institucional correspondía adoptar frente a una denuncia de violencia de género que involucra a un integrante del Concejo. La definición no implica una resolución judicial sobre el caso, sino una respuesta del cuerpo deliberativo frente a la situación de uno de sus miembros. La diferencia es importante, porque el Concejo no reemplaza a la Justicia, pero sí debe resolver si una persona denunciada en estos términos puede continuar ejerciendo su banca mientras el proceso avanza.
El dictamen emitido este viernes será remitido ahora a la Comisión de Labor Parlamentaria. Allí se sugerirá que tanto el dictamen de mayoría como el de minoría sean incorporados al temario de la sesión ordinaria prevista para el próximo miércoles. Ese será el próximo paso clave.
En caso de ingresar al orden del día, el Concejo Deliberante deberá debatir en sesión cuál de las alternativas prospera: la suspensión preventiva hasta que se pronuncie la Justicia o la exclusión definitiva del edil libertario. La discusión promete tener fuerte contenido político, jurídico e institucional.
De la reunión de la Comisión participaron los concejales Darío Madile y Eliana Chuchuy, ambos del Partido de la Victoria/Partido Salteño según las siglas consignadas oficialmente como PS; Malvina Gareca, de PC; José García, de YP; David Leiva, de MM; Laura García, de VS; Ángel Ortiz, de la UCR; Laura Jorge Saravia y Agustina Álvarez Eichele, ambas de La Libertad Avanza.
Concejal Rodrigo Quinteros.
El concejal libertario Quinteros apuntó a Casasola
El concejal libertario Rodrigo Quinteros lanzó duras críticas contra su par Maximiliano Casasola y reclamó que el cuerpo deliberativo avance con medidas institucionales tras la denuncia por violencia de género que pesa sobre el edil.
En declaraciones en Canal 10, Quinteros cuestionó además la postura del dirigente político Alfredo Olmedo, al considerar que desconoce la situación interna del espacio político y el perfil del concejal denunciado.
“Yo creo que Alfredo Olmedo no conoce quién es Maximiliano Casasola y no sabe qué clase de persona es. Por ahí no tiene noción de lo que pasa dentro del partido ni muchas veces las personas que lo integran”, expresó.
El concejal sostuvo que no considera que la acusación contra Casasola sea parte de una operación mediática y aseguró que, de tener la certeza de que se tratara de una denuncia falsa, sería el primero en respaldarlo públicamente.
“Si fuera una denuncia falsa y yo tuviera la certeza de que es, como dice él, una operación mediática, yo sería el primero en defenderlo, y no soy”, afirmó.
Quinteros recordó además que fue uno de los primeros dirigentes del espacio en pedir que Casasola se apartara del cargo mientras avanzara la situación judicial.
También criticó la exposición pública que realizó el edil denunciado para defenderse de las acusaciones. “Hizo una defensa paupérrima, leída de su caso, donde se victimizó él y habló de chimento de pasillo”, sostuvo.
En ese sentido, Quinteros manifestó sentirse “con tranquilidad espiritual y moral” respecto de la postura que adoptó frente al conflicto y advirtió sobre el impacto institucional que genera la permanencia de Casasola en el Concejo Deliberante.
“Está pasando dentro del partido algo grave. Una persona acusada de violencia de género no ha sido ni expulsada ni suspendida del partido y hoy sigue en el Concejo Deliberante como si nada hubiese pasado”, remarcó.
El edil argumentó que la situación debe analizarse también desde el punto de vista institucional y no únicamente judicial. En ese sentido, mencionó el artículo 19 de la Carta Orgánica, relacionado con la moral sobreviniente y las condiciones de inhabilidad para ejercer funciones públicas. “Para mí institucionalmente es muy grave, porque nosotros tenemos en la Carta Orgánica el artículo 19, donde se habla explícitamente de la cuestión moral sobreviniente y la inhabilidad”, explicó.
Quinteros aclaró que el Concejo Deliberante no debe actuar como un tribunal judicial, aunque sí consideró que el cuerpo tiene la responsabilidad de tomar una decisión política frente a los hechos denunciados.
“El Concejo Deliberante es un cuerpo autónomo y tiene que tomar una decisión.
No es un tribunal de justicia, eso lo verá la Justicia”, indicó.
Ante ello, adelantó que espera que la Comisión de Juicio Político determine la sanción más fuerte: la expulsión.