El senador Cornejo propone una Caja voluntaria para los profesionales de Salta
La discusión por la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta volvió a instalarse en el centro del debate legislativo provincial. A poco tiempo de su implementación, el régimen creado por la Ley Provincial N.º 8.444 enfrenta cuestionamientos de profesionales de Nutrición y Trabajo Social, que advierten sobre el impacto económico de la afiliación obligatoria y reclaman una revisión de fondo.
En ese contexto, el senador provincial por General Güemes y vicepresidente tercero del Senado, Enrique Cornejo, presentó un proyecto de reforma integral para transformar el sistema actual en un régimen voluntario, basado en cuentas individuales y capitalización personal. La iniciativa propone reemplazar el esquema obligatorio vigente por un modelo en el que cada profesional pueda decidir.
Profesionales autoconvocados vienen advirtiendo que la Caja, concebida como una herramienta previsional complementaria, terminó convirtiéndose para muchos matriculados en una carga adicional difícil de afrontar, especialmente en un escenario de ingresos irregulares, precarización laboral, monotributo, contratos parciales y aportes ya realizados al sistema jubilatorio nacional.
Una ley reciente
La Ley Provincial N.º 8.444 fue sancionada en 2024 con el objetivo de crear la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta para profesionales de Nutrición y Trabajo Social. El régimen fue presentado como un sistema previsional solidario y complementario al sistema jubilatorio nacional, financiado mediante aportes obligatorios derivados de la sola matriculación profesional. Es decir, la incorporación a la Caja quedó atada a la matrícula. Para los profesionales, mantener la matrícula activa implicó también quedar incorporados al régimen previsional específico, más allá de su situación laboral concreta, de sus ingresos o de si ya aportaban al Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, por otras actividades. Ese punto es uno de los núcleos del conflicto. Desde el sector de autoconvocados advierten que la norma no contempló adecuadamente la diversidad de realidades laborales existentes entre nutricionistas y trabajadores sociales. Muchos profesionales desarrollan tareas en relación de dependencia, docencia, empleo parcial, monotributo o actividades múltiples, con ingresos bajos, irregulares o discontinuos. En ese marco, la obligatoriedad de incorporarse a una segunda estructura previsional comenzó a ser cuestionada por una parte importante del colectivo alcanzado.
El proyecto de Cornejo
La propuesta presentada por Enrique Cornejo apunta a modificar de manera integral la Ley 8.444. Según el texto difundido por el senador, la iniciativa busca transformar la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta en un sistema de capitalización individual, con afiliación y desafiliación voluntaria.
El proyecto propone reemplazar el régimen actual, basado en la obligatoriedad y en prestaciones de beneficio definido, por un esquema de cuentas personales donde el beneficio futuro dependa directamente de los aportes realizados por cada afiliado y de los rendimientos obtenidos.
Según la iniciativa, el nuevo régimen mantendría la finalidad protectora de la norma original, pero con un diseño “constitucionalmente más robusto, actuarialmente sostenible y fiscalmente responsable”. La propuesta establece que la afiliación sea libre en cualquier momento y que el ejercicio profesional no pueda condicionarse a la permanencia en el sistema. Además, plantea que los aportes integren cuentas individuales con titularidad económica del afiliado.
Un cambio de eje: de la obligación a la opción previsional
Para la abogada Ana Inés Rosa, representante de profesionales autoconvocados, el proyecto de Cornejo toma fuerza en un escenario de creciente conflictividad económica y social. Rosa explicó a Nuevo Diario que más de 420 profesionales bajo su representación impulsaron una mediación masiva con el objetivo de abrir un canal institucional de negociación, revisión y búsqueda de soluciones consensuadas frente al impacto del régimen. Sin embargo, según señaló, el proceso concluyó luego de que la propia Caja decidiera no continuar con la instancia de mediación. “Es en ese escenario donde comenzó a tomar fuerza el proyecto impulsado por el senador Enrique Cornejo, orientado a modificar aspectos centrales de la Ley 8444”, sostuvo Rosa.
“El proyecto propone desplazar el eje del sistema desde un esquema obligatorio y solidario hacia uno basado en la libertad de opción previsional”, explicó. Bajo esa lógica, sostuvo que la sola matriculación no debería generar automáticamente la obligación de incorporarse a una caja previsional específica cuando el profesional ya se encuentra aportando al sistema nacional a través de otras actividades.
Los cuestionamientos de los autoconvocados no se limitan a una objeción jurídica. Según lo expuesto por Rosa, la realidad laboral de muchos matriculados puso en evidencia las dificultades prácticas del sistema. “El deterioro del poder adquisitivo, la inflación persistente y la caída de ingresos reales agravaron aún más la situación”, señaló Rosa en el material acercado a este medio. Con el correr de los meses, según advirtió, comenzaron a multiplicarse los casos de endeudamiento, mora, bajas de matrícula y profesionales que manifestaban verse obligados a elegir entre mantener su ejercicio profesional formal o afrontar gastos básicos de subsistencia. El problema, entonces, no aparece solamente en el monto del aporte, sino en el efecto concreto que la obligación produce sobre trayectorias laborales frágiles.
La abogada Ana Inés Rosa sostuvo que la Caja creada por la Ley 8.444 aún está en una etapa inicial, sin beneficios previsionales otorgados ni jubilados o pensionados consolidados, por lo que el proyecto de Enrique Cornejo no afectaría derechos adquiridos. La reforma propone que los profesionales puedan optar entre permanecer en la Caja o desafiliarse, especialmente quienes ya aportan al SIPA por otras actividades. También incorpora auditorías, publicación de balances, separación de fondos y límites administrativos. Para los autoconvocados, el régimen obligatorio puede agravar la morosidad, provocar bajas de matrícula y debilitar la propia sustentabilidad del sistema. El debate ya llegó al Senado y plantea una discusión de fondo: cómo garantizar previsión social sin imponer una carga que termine expulsando a los profesionales del ejercicio formal.