APES cuestionó la prisión sufrida por el periodista Sergio Márques en Metán
La entidad consideró “desproporcionada” la detención de tres semanas del comunicador de Metán, acusado de amenazas contra el intendente José María Issa, y advirtió sobre el impacto de este tipo de medidas sobre la libertad de expresión.
La Asociación de Periodistas de Salta (APES) expresó su rechazo a la prisión preventiva que pesó durante 21 días sobre el periodista Sergio “Cabo” Márques, acusado de amenazas contra el intendente de Metán, José María Issa. A través de un comunicado difundido este jueves, la entidad sostuvo que la medida judicial resultó “desproporcionada” y advirtió que decisiones de este tipo pueden transformarse en mecanismos para “acallar las libertades de expresión”.
Márques, quien trabaja desde 2020 en radios locales como FM San José y FM 12, recuperó la libertad el lunes pasado luego de permanecer detenido por disposición de la Justicia. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la prisión preventiva fue ordenada tras establecerse “la vinculación del imputado con la línea telefónica desde la cual se habían emitido los mensajes” enviados el 2 y 3 de abril. Sin embargo, desde su liberación, el periodista negó haber realizado las amenazas contra Issa y su familia. Además, afirmó que la causa judicial estaría vinculada a su labor periodística y a las coberturas que realiza sobre temas municipales en Metán.
En el comunicado, APES también hizo referencia a las condiciones de detención denunciadas por Márques. El periodista aseguró que permaneció casi incomunicado durante cinco días en la Unidad Carcelaria N°2 de San José de Metán y denunció malas condiciones de salubridad, falta de atención médica y situaciones de violencia psicológica. Según relató en distintas entrevistas posteriores a su liberación, también recibió advertencias policiales para no exponer públicamente lo ocurrido una vez recuperada la libertad. Márques aclaró que no sufrió agresiones físicas, aunque sí remarcó el impacto emocional y psicológico de la detención.
La entidad presidida por Darío Illanes sostuvo que “las amenazas no pueden formar parte de la tarea informativa”, pero remarcó que mantener preso durante tres semanas a un periodista acusado de ese delito “afecta un derecho básico e irrenunciable en una democracia como lo es la libertad de expresión”. El pronunciamiento lleva además las firmas de Deyanira Castro, Andrés Gauffin y Verónica Huber, integrantes de la comisión directiva de APES.