La comunidad Diaguita de Las Pailas llega a la Legislatura para expresar su reclamo
La Comunidad Diaguita Kallchaki Las Pailas volverá a llevar su reclamo al centro político de Salta. Este jueves 25 de junio, a las 13, organizaciones, referentes sociales y vecinos se concentrarán frente a la Legislatura provincial para acompañar a las familias desalojadas del territorio comunitario ubicado en la zona de Las Pailas-San Gabriel, en el departamento Cachi.
La convocatoria plantea un “abrazo” a la comunidad y busca visibilizar la situación de niñeces, personas mayores, personas con discapacidad y familias enteras que, según denunciaron sus integrantes, fueron expulsadas de sus viviendas sin que se respetaran las garantías mínimas del procedimiento judicial. Desde la comunidad y los espacios que acompañan el reclamo señalaron que no hubo notificación adecuada, que no se respetaron los tiempos administrativos ni las formas legales previstas, y repudiaron el accionar de la jueza María Fernanda Diez Barrantes, a quien responsabilizan por haber ordenado un desalojo que consideran irregular e ilegal. También cuestionaron a Florencia Wayar, parte vinculada al conflicto territorial, por sus dichos contra la comunidad y por desconocer, según denunciaron, la identidad ancestral y los derechos del pueblo diaguita kallchaki.
Una denuncia pública por el procedimiento
Liz Rivadeneira, integrante de la comunidad, explicó que la presencia en la plaza y la convocatoria frente a la Legislatura buscan hacer una denuncia pública por el modo en que se llevó adelante el operativo.
“Estamos para denunciar públicamente el accionar y el procedimiento que se llevó adelante”, sostuvo. Según explicó, la comunidad entiende que la orden de desalojo fue “totalmente ilegal” porque no sólo vulnera derechos constitucionales reconocidos a los pueblos indígenas, sino también garantías básicas del proceso judicial. Rivadeneira afirmó que la medida se apoyó en una causa antigua y que, aun dentro de ese expediente, no se respetaron los plazos legales ni las instancias correspondientes. “No hubo aviso previo, no se cumplieron los días que establece la ley para llevar adelante un desalojo”, señaló. La referente también cuestionó la interpretación judicial del fallo. Según planteó, la resolución decía una cosa y la jueza, con una lectura “muy subjetiva”, terminó ordenando otra. “Toda esta irregularidad la estamos denunciando. Estamos pidiendo que los juzgados tomen cartas en el asunto, porque entendemos que existe una justicia que procede con constantes irregularidades”, expresó.
Niñeces, adultos
mayores y personas con discapacidad
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con las condiciones en las que quedaron las familias desalojadas. Desde la comunidad señalaron que el operativo afectó a niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, algunos de los cuales se descompensaron durante y después del procedimiento. Rivadeneira sostuvo que también hubo persecución y obstáculos para registrar lo que estaba ocurriendo. “Nos negaban el derecho de poder filmar esos atropellos”, denunció. La comunidad permanece en asamblea permanente en el territorio y sostiene que el conflicto no puede reducirse a una disputa privada por tierras. “Convocamos a una movilización y a una presencia en la Legislatura para que los legisladores sepan lo que está pasando”, remarcó Rivadeneira.