Buscan que vehículos secuestrados por la Justicia sean utilizados para reforzar la seguridad en Salta
Diputados provinciales del interior presentaron ante el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, un proyecto de ley que propone darle una nueva utilidad a los vehículos secuestrados en causas penales.
La iniciativa la presentaron los legisladores Juan Pablo Cuellar, Carlos Jorge, Edgar Domínguez, Emmanuel Ayón, Fabio López, Nicolás Taibo, Ernesto Tapia y Raúl Vargas. Los legisladores plantearon la necesidad de modificar la Ley Provincial N° 7.838 para permitir el uso provisorio de automóviles, camionetas y motocicletas afectados a procesos judiciales.
El objetivo del proyecto es que esos bienes puedan ser destinados a tareas vinculadas con la seguridad, la prevención del delito y la investigación criminal, a través de organismos como la Policía de Salta, el Ministerio Público Fiscal y otras instituciones relacionadas con el sistema de seguridad provincial.
Durante la reunión con el funcionario provincial, los diputados señalaron que existe una gran cantidad de vehículos que permanecen durante años sin utilización, expuestos al deterioro y perdiendo valor económico, mientras las fuerzas de seguridad enfrentan la necesidad de contar con mayores recursos para desarrollar sus tareas.
“Muchas veces vemos vehículos secuestrados que permanecen años a la intemperie, perdiendo valor y deteriorándose, mientras las fuerzas de seguridad necesitan más recursos para cumplir su tarea. Esta ley busca revertir esa realidad”, expresaron los autores de la iniciativa.
Control y seguimiento sobre los vehículos secuestrados
El proyecto también contempla la implementación de mecanismos de control y seguimiento para garantizar que la utilización de los vehículos se realice bajo criterios de transparencia y con un destino específico.
Los legisladores destacaron la recepción favorable del ministro Solá Usandivaras y remarcaron que la propuesta apunta a optimizar recursos que ya existen dentro del Estado, transformando bienes sin uso en herramientas que puedan fortalecer la capacidad operativa de las instituciones encargadas de combatir el delito.
Desde el bloque impulsor consideraron que la medida permitiría avanzar en una política pública orientada a mejorar la respuesta del Estado en materia de seguridad, especialmente en los municipios del interior provincial donde las necesidades operativas suelen ser mayores.