El juez Casanello procesó a Belliboni por negociados con los planes sociales
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo.
Esos fondos fueron desviados para fines partidarios, según informó el medio Infobae. Se le dictó además un embargo por $390 millones.
“Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
El procesamiento alcanzó Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”.
A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas.
Resultaron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
Los acusados desfilaron por Comodoro Py y negaron las acusaciones. Aseguraron además que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares.
La resolución de Casanello
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, dice la resolución de Casanello a lo largo de 168 páginas.
Y añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente.
Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Fuente: Infobae