Choque entre ediles y la intendenta de Cafayate por el destino de 32 hectáreas
El Concejo Deliberante rechazó por unanimidad la promulgación parcial que modificaba la ordenanza que dispone incorporar el predio al Banco de Tierras municipal. Las tierras se donaron al Municipio en 1962 por la familia Etchart y, tras un largo litigio, la Justicia determinó que Pernod Ricard debía restituirlas.
La disputa por las 32 hectáreas de Cafayate volvió a instalarse en el centro de la escena política local luego de que el Concejo Deliberante rechazara por unanimidad la promulgación parcial de la ordenanza que establece que el predio debe incorporarse al Banco de Tierras municipal. Esto debido a que la norma publicada por la intendenta Rita Guevara truncaba el deseo del cuerpo de que los terrenos se incorporen a este banco.
La decisión la celebró Néstor Gallo Gómez, uno de los referentes que desde hace años reclama que esas tierras permanezcan bajo administración municipal y se destinen a un proyecto que contemple las necesidades de la comunidad.
“Me puse contento que los concejales, nuevamente, por una unanimidad, vuelven otra vez a estar apoyando las decisiones que nosotros habíamos emprendido de hace tiempo para que esto llegue o esté en el Banco de Tierras, las 32 hectáreas, que las podamos proteger nosotros”, sostuvo Gallo Gómez en declaraciones al móvil de Killa Noticias.
Una disputa que llegó a la Justicia
El conflicto por estas tierras tiene una historia de varias décadas. El predio corresponde al catastro N.º 2078 y comprende 31 hectáreas y 955 metros cuadrados, superficie que habitualmente es identificada como las “32 hectáreas”.
Según los antecedentes incorporados al expediente judicial, las tierras se donaron al Municipio de Cafayate en 1962 por Carmen Rosa Ulivarri de Etchart. La familia Etchart había adquirido la finca en 1938 y desarrollaba allí actividad vitivinícola. La donación tenía como finalidad original la construcción de una pista de aterrizaje para la localidad.
Con el paso de los años, la propiedad de la finca pasó a Pernod Ricard. El conflicto se produjo porque la empresa comenzó a ocupar y explotar parte de las 32 hectáreas, pese a que el Municipio sostenía que ese terreno había quedado fuera de la operación y pertenecía al patrimonio municipal.
Durante el proceso judicial se incorporaron testimonios de vecinos y exfuncionarios que acreditaron la existencia y utilización de la pista de aterrizaje. La Justicia consideró probado que el aeródromo efectivamente funcionó durante varias décadas.
El Municipio inició formalmente el reclamo judicial en 2018. En primera instancia, la Justicia hizo lugar a la demanda de reivindicación y ordenó que Pernod Ricard restituyera las tierras a la Municipalidad de Cafayate. La empresa apeló esa decisión, pero posteriormente la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta volvió a fallar a favor del Municipio.
En 2024, además, se informó que había vencido el plazo para que Pernod Ricard llevara el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la restitución de las tierras quedó encaminada de manera definitiva.

El nuevo debate: qué hacer con las tierras
Con el terreno nuevamente bajo órbita municipal, el debate dejó de estar centrado en la titularidad y pasó a enfocarse en el destino que tendrá la superficie.
En ese escenario, distintos sectores de Cafayate impulsan que las 32 hectáreas se incorporen al Banco de Tierras municipal, como una reserva destinada a futuras políticas de planificación urbana, soluciones habitacionales u otros proyectos de interés comunitario.
Gallo Gómez viene reclamando desde hace aproximadamente una década que las tierras sean protegidas y que no terminen destinadas a emprendimientos particulares sin una discusión pública sobre su utilización.
Sin embargo, ahora el principal reclamo del dirigente está dirigido al Ejecutivo municipal. Según explicó, desde el lunes pasado buscan mantener una reunión con la intendenta, pero hasta el momento no lograron concretar el encuentro. “Nosotros lo que buscamos es una reunión urgente con ella. Veníamos buscando, en su agenda no tiene lugar, o sea, no nos quieren recibir aparentemente, pero queremos hablar con ella”, expresó.
El conflicto institucional
La situación también abrió un nuevo capítulo entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. Gallo Gómez señaló que, de acuerdo con lo manifestado por los concejales, ya habría transcurrido el plazo de diez días con el que contaba el Ejecutivo para expedirse sobre la ordenanza.
En ese contexto, sostuvo que cualquier intento de revertir la decisión debería canalizarse por la vía judicial, aunque insistió en que antes de avanzar en esa dirección pretende conocer personalmente la posición de la intendenta. “Ahora no sabemos por qué la actitud de la intendenta, pero sí queremos la urgencia de una reunión con ella”, afirmó.
La disputa por las 32 hectáreas, que durante años estuvo atravesada por el litigio entre el Municipio y Pernod Ricard, ingresa así en una nueva etapa. Con la cuestión de la propiedad resuelta a favor de Cafayate, el eje del conflicto pasa ahora por definir qué uso tendrán esas tierras y si finalmente quedarán incorporadas al Banco de Tierras como reclama un sector de la comunidad.


