La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción este martes a un proyecto que redefine la relación entre la Provincia, los municipios y el sistema eléctrico, en una decisión que combina necesidad financiera, autonomía local y una dosis nada menor de pragmatismo político.
La iniciativa establece la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Energía N° 24.065 —en el marco del Decreto 450/25—, pero con dos excepciones clave: el artículo 40 inciso c) y el artículo 71. No son detalles técnicos menores. Son, básicamente, el corazón del conflicto.
El punto más sensible del debate pasó por el artículo 40 inciso c), que a nivel nacional prohíbe incluir tributos locales en las facturas de energía eléctrica. La diputada Socorro Villamayor explicó que la Provincia decidió no adherir a ese punto para sostener el esquema actual. “El derecho público local autorizó a las empresas a incluir en la factura los servicios”, señaló, y recordó que el usuario mantiene la posibilidad de pedir el cobro por separado. La razón de fondo no es ideológica, es bastante más terrenal. Según planteó la legisladora, el cobro unificado permite agilizar la recaudación y evitar costos administrativos adicionales. Separar los pagos, en cambio, implicaría —según advirtió— mayor morosidad.
En tanto, el artículo 71 hace solidarios a la Provincia, los Municipios y los Entes en caso de que la empresa prestadora del servicio adeude al mercado eléctrico mayorista, condicionando así las finanzas provinciales con una deuda que no generaron.