Inmobiliarias en alerta: Biella cruzó el plan de Sturzenegger y defendió el rol de los colegios

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un paquete de desregulación inmobiliaria que será enviado al Congreso en junio abrió un nuevo frente de conflicto con el sector. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que la iniciativa apunta a “quitar trabas y privilegios”, reducir costos en las operaciones y ampliar la competencia en el mercado.

Sin embargo, desde Salta el diagnóstico es diametralmente opuesto. En diálogo con Nuevo Diario, Juan Martín Biella, titular de la Cámara Inmobiliaria de Salta y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, cuestionó con dureza la propuesta oficial y planteó que el Gobierno parte de un error conceptual: intentar desregular un sector que, según sostuvo, ya funciona con plena libertad.

Un mercado que ya fue desregulado

El primer eje de la crítica de Biella se apoyó en un dato histórico que incomoda la narrativa oficial. “Cavallo, a través del decreto 2284 del ‘91, desreguló totalmente los honorarios”, recordó, en referencia a las reformas económicas de los años noventa. Desde entonces, explicó, las distintas modificaciones normativas no alteraron el carácter esencialmente libre del mercado inmobiliario. Por eso, insistió en que la iniciativa del Gobierno resulta redundante. “No entendemos la necesidad de intentar desregular un mercado que está desregulado”, afirmó.

La observación no es menor: mientras Sturzenegger plantea eliminar regulaciones que encarecen las operaciones, desde el sector aseguran que esas barreras, en la práctica, no existen o son mínimas.

Libertad de contratación y rol del corredor

Biella fue enfático al describir el funcionamiento actual del mercado: cualquier propietario puede vender o alquilar su inmueble sin intervención de un profesional. “Nadie te obliga a contratar un corredor inmobiliario”, señaló, y aclaró que la figura del matriculado cumple un rol de asesoramiento y resguardo, pero no constituye una exigencia legal. Para dimensionar la diferencia, comparó la actividad con otras profesiones donde la matriculación sí es obligatoria, como la de escribanos, abogados o contadores. “Si querés hacer una escritura, necesitás un escribano; si querés litigar, un abogado. En nuestro caso, no. Eso demuestra que es un mercado absolutamente desregulado”, explicó.

En ese punto, la tensión con el planteo oficial vuelve a quedar expuesta. El ministro sostiene que los colegios profesionales pueden generar distorsiones al fijar condiciones o aranceles mínimos.

Biella respondió que esos valores son solo orientativos y que la libertad de contratación rige plenamente.

Sin diálogo con el Gobierno de Milei

El dirigente también apuntó a la falta de instancias de diálogo con Nación. “No hemos sido citados. Hemos pedido audiencias en reiteradas oportunidades con el ministro y nunca tuvimos respuesta”, cuestionó.

El dato no solo refleja un conflicto sectorial, sino también una forma de construcción política. Mientras el Gobierno anticipa una discusión intensa sobre intereses consolidados, desde el sector inmobiliario advierten que ni siquiera fueron incorporados al debate previo.

“Que se ocupen de la economía”

Biella elevó el tono al referirse al contexto económico general, desplazando el eje de la discusión. “No sé por qué, en vez de dedicarse a bajar la inflación y controlar la economía del país, se meten a intentar desregular algo que no está regulado”, lanzó. La crítica conecta directamente con el problema estructural del acceso a la vivienda. Según detalló, en 2010 se necesitaban aproximadamente 100 salarios mínimos para adquirir una vivienda económica, mientras que en la actualidad esa cifra se acerca a los 180. “El problema no son los corredores inmobiliarios”, insistió.

Y señaló como causas centrales el incremento del costo de la construcción, la carga impositiva y la falta de crédito accesible para la clase media. En contraste, el Gobierno apuesta a que la estabilidad macroeconómica permita expandir el crédito hipotecario y dinamizar el mercado. Sin embargo, desde el sector advierten que esa expectativa todavía no se traduce en condiciones reales de acceso.

Instituciones bajo discusión

El conflicto también expone una diferencia de fondo sobre el rol de las instituciones. Para el oficialismo, la desregulación apunta a eliminar estructuras que limitan la competencia. Para Biella, los colegios profesionales cumplen una función social clave. “Son entidades que no le cuestan al Estado y colaboran permanentemente con la sociedad”, afirmó. En ese sentido, destacó el asesoramiento gratuito, la prevención de estafas, el control del ejercicio profesional y la existencia de tribunales de ética que sancionan irregularidades. Además, mencionó que el sector impulsa una ley para combatir el ciberdelito inmobiliario, actualmente con media sanción en Diputados y en tratamiento en el Senado.

La advertencia es clara: una apertura sin controles podría aumentar los riesgos para los usuarios en un mercado ya atravesado por fraudes y operaciones informales.

El proyecto de desregulación inmobiliaria todavía no ingresó al Congreso, pero ya dejó al descubierto una disputa profunda sobre el funcionamiento del mercado y el rol del Estado. De un lado, el Gobierno sostiene que la eliminación de regulaciones permitirá reducir costos, ampliar la competencia y facilitar el acceso a la vivienda. Del otro, los colegios profesionales aseguran que el mercado ya es libre y que los problemas estructurales responden a variables económicas más amplias.

En el medio, una realidad que atraviesa a todo el sistema: el acceso a la vivienda sigue deteriorándose y se aleja cada vez más de la clase media. En ese contexto, la discusión sobre el corretaje aparece como una pieza dentro de un tablero mucho más complejo. Y aunque el oficialismo la presenta como una solución, desde el sector advierten que el problema de fondo sigue intacto: no es quién intermedia, sino cuánto cuesta hoy, en la Argentina, llegar a tener una casa propia.