Concejo Deliberante Orán: La presidenta denunció a concejal libertaria por usurpación y abuso de autoridad
La presidenta del Concejo Deliberante de Orán presentó una denuncia por presunta usurpación de autoridad, abuso de autoridad y perturbación del orden legislativo. También pidió una medida cautelar para impedir que las denunciadas tomen posesión de oficinas, documentación y cuentas del cuerpo.
La presidenta del Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán, Adriana Bañagasta, presentó este miércoles una denuncia penal contra la concejal de La Libertad Avanza Sabrina Gomila, Mónica Selvioglu y otras personas que pudieran haber participado de los hechos ocurridos el 11 de agosto en el recinto legislativo.
La presentación fue realizada ante la Fiscalía Penal N.º 1 del Distrito Judicial del Norte y plantea, en principio, la posible comisión de los delitos de usurpación de autoridad, abuso de autoridad y perturbación del orden en sesiones legislativas.
El conflicto se originó durante una sesión ordinaria en la que se trató, entre otros puntos, la remoción del secretario administrativo del Concejo. Según consta en la denuncia, se propuso para ese cargo a Mónica Selvioglu, pero la iniciativa no alcanzó la mayoría necesaria.
Una vez agotado el tratamiento del temario, Bañagasta, en su carácter de presidenta, dispuso el levantamiento y finalización de la sesión, invocando las facultades previstas en el Reglamento Interno.
La denuncia por una “sesión” posterior
Según el relato de Bañagasta, después del retiro de las autoridades constituidas, un grupo de concejales permaneció en el recinto y llevó adelante lo que la presidenta calificó como un “simulacro de sesión carente de toda validez jurídica”.
La denuncia sostiene que, en ese momento, Sabrina Gomila se atribuyó el cargo de presidenta circunstancial y habría intentado reabrir una sesión que ya había finalizado.
Bañagasta afirma que esa actuación habría desconocido el orden de prelación establecido en el Reglamento Interno y que Gomila se habría arrogado funciones que no le correspondían.
Posteriormente, según la presentación judicial, se tomó juramento a Mónica Selvioglu como nueva secretaria administrativa, al margen del procedimiento de designación establecido por el reglamento.
La presidenta del Concejo sostiene que, a partir de ese acto, las denunciadas pretendieron avanzar sobre la administración del cuerpo y exigieron tomar posesión de oficinas y documentación.
La situación llevó a solicitar la presencia policial para custodiar las oficinas y los documentos del Concejo Deliberante.
Bañagasta cuestionó una “institucionalidad paralela”
En los fundamentos de la denuncia, la presidenta del Concejo Deliberante sostuvo que las actuaciones cuestionadas vulnerarían disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y del Reglamento Interno.
Según su planteo, el ejercicio de funciones de Presidencia por parte de Gomila y la designación de Selvioglu como secretaria administrativa se habrían realizado sin un nombramiento emitido por la autoridad competente.
También sostuvo que los concejales involucrados habrían dictado resoluciones contrarias al Reglamento Interno y que esto habría generado una situación de “institucionalidad paralela”.
La denuncia incorpora como elementos de prueba el acta de la sesión del 11 de agosto, una copia del Reglamento Interno, una nota presentada por Selvioglu el 12 de agosto y el registro audiovisual oficial de la sesión.
Piden impedir cambios en las cuentas y oficinas
Además de la denuncia penal, Bañagasta solicitó una medida cautelar de urgencia.
El pedido busca impedir que las personas denunciadas puedan tomar posesión de las oficinas y documentación del Concejo Deliberante. También pretende evitar modificaciones en la titularidad de las cuentas bancarias y en las firmas autorizadas del cuerpo legislativo.
La presidenta argumentó que existe una intención de tomar de manera ilegítima el control administrativo y financiero del Concejo.
Finalmente, solicitó que se inicie una investigación penal, que se cite a audiencia de imputación a los responsables y que se haga lugar a la medida cautelar para preservar el funcionamiento institucional del cuerpo deliberativo.