“Conejo” Martínez se fugó antes de ser detenido y es buscado por una causa de narcolavado
El exintendente de Aguas Blancas permanece prófugo tras escapar el sábado, cuando estaba previsto su arresto en el marco de una investigación federal. La Justicia imputó a 11 personas y dictó prisión preventiva para siete de ellas.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos “Conejo” Martínez, permanece prófugo luego de escapar el sábado, cuando un operativo federal se disponía a detenerlo. El ex dirigente es señalado por la Fiscalía como presunto jefe de una organización dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La fuga abrió una línea de investigación sobre una posible filtración que le habría permitido conocer con anticipación el procedimiento, aunque hasta el momento esa hipótesis no se confirmó en la Justicia.
La causa, impulsada por la Procuraduría de Narcotráfico (Procunar) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se inició luego de casi dos años de pesquisas. Como parte del operativo se realizaron 32 allanamientos y se detuvieron 11 personas, entre ellas integrantes del entorno familiar de Martínez y dos contadores.
Durante una audiencia que se extendió por seis horas, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, resolvió la situación procesal de los acusados. Dispuso la prisión preventiva efectiva para siete de ellos y estableció distintas medidas restrictivas para los cuatro restantes. Además, fijó un plazo de seis meses para que la Fiscalía concluya la investigación.
Una organización familiar
De acuerdo con la hipótesis fiscal presentada ante el juez, los imputados habrían integrado una asociación ilícita destinada a incorporar al circuito económico legal dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.
Entre los acusados se encuentran Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, hijo e hija del exintendente; su exmujer, Nancy Mirta Cordero, y su actual pareja, Tamara Tapia.
También se imputó a los contadores Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro. Según la acusación, ambos habrían aportado sus conocimientos profesionales para bancarizar fondos e incorporar bienes de presunto origen ilícito al sistema financiero.
La investigación también alcanzó a Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Uno de los mecanismos bajo análisis es el atribuido a Aragón Rodríguez, un ciudadano colombiano radicado desde hace 16 años en Orán. Para los investigadores, habría utilizado una carpintería como cobertura para desarrollar un sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”.
En los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, computadoras, notebooks y pendrives. El juez autorizó el peritaje de los dispositivos y el pedido de información a las empresas telefónicas para analizar comunicaciones y otros elementos que puedan aportar a la investigación.
Un antecedente judicial diferente
La nueva investigación federal se suma a un antecedente judicial de Martínez, aunque se trata de causas diferentes.
En diciembre de 2025, el exintendente fue condenado en una causa provincial a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Cumplió la pena bajo prisión domiciliaria, que ya había finalizado al momento del operativo federal.
En ese expediente había admitido, mediante un juicio abreviado, haber recibido y compartido información confidencial relacionada con la investigación por el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez, ocurrido en 2023. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado información de dispositivos para obstaculizar la pesquisa.
Ese antecedente no forma parte de la actual investigación federal por presunto lavado de activos, en la que ahora se encuentra prófugo.
Otro imputado y una causa pendiente
Entre los acusados en el expediente federal también figura Dimas José Ruiz, quien tiene pendiente un juicio en la Justicia provincial por el robo a la empresa frutihortícola Abra del Sol.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que este martes 6 de octubre presentó un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio, debido a que la causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 y todavía no tiene fecha para el debate oral.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 16 de diciembre de 2022, cuando un grupo de personas armadas y con los rostros cubiertos ingresó a la empresa, redujo al personal y se llevó 13 millones de pesos, 160 mil dólares y una camioneta.
Ruiz, quien se desempeñaba como gerente comercial, está acusado de haber simulado ser una víctima y de brindar información a los autores del robo para facilitar la ejecución y posterior evasión.
Los fiscales señalaron que la demora en el avance del expediente provocó el vencimiento de los plazos de prisión preventiva de Ruiz y de Matías Ezequiel Malissia, por lo que solicitaron que se fije el juicio oral y público.
Mientras tanto, en la investigación federal, la búsqueda de “Conejo” Martínez continúa y la Justicia mantiene vigente el pedido de captura.