Cuestionan a Zigarán por impedir el transporte en Aguas Blancas: “No tenemos andén, baños ni boletería”
El representante de la empresa San Antonio aseguró que el municipio impidió el ingreso de los colectivos por una deuda que todavía “no está determinada”. Afirmó que ya pagó $6 millones a cuenta y reclamó que se establezcan primero los servicios que justifican las tasas. “El perjudicado es el usuario”, advirtió.
El conflicto entre la empresa de transporte San Antonio y la intervención de Aguas Blancas, a cargo de Adrián Zigarán, continúa.
Luego de que Zigarán asegurara que la empresa mantiene una deuda de dos años con el municipio y advirtiera que “hasta que no paguen, no ingresan a zona urbana”, el contador Rodrigo Contreras, representante y vocero de San Antonio, cuestionó la medida y afirmó que la supuesta deuda todavía no fue determinada.
En diálogo con Radio A, Contreras sostuvo que la empresa presta una línea provincial adjudicada a San Antonio para conectar Orán con Aguas Blancas y remarcó que el servicio no es una línea municipal.
Según explicó, la compañía mantiene desde hace más de un año conversaciones con el municipio para regularizar su situación tributaria, pero reclama que primero se determinen con precisión los conceptos que corresponden pagar y los servicios que efectivamente presta la Municipalidad.
“Nosotros queremos pagar, pero queremos pagar sobre algo que esté regularizado”, afirmó.
“No tenemos andén, baños ni boletería”
Uno de los principales cuestionamientos de la empresa apunta a la denominada tasa de toque de andén.
Contreras sostuvo que el cobro no correspondería porque los colectivos actualmente no pueden ingresar hasta el lugar destinado al ascenso y descenso de pasajeros.
“El toque de andén no corresponde: no tenemos andén, baños ni boletería”, planteó.
El representante de San Antonio explicó que la empresa tampoco cuenta con un contrato formal para utilizar la boletería municipal, pese a que viene reclamándolo desde 2024.
“Nos tenían que hacer un contrato de alquiler, que ese contrato de alquiler desde el 2024 a la fecha jamás lo tuvimos”, aseguró.
Por ese motivo, cuestionó que se pretenda cobrar un alquiler por una instalación que la empresa sostiene que no puede utilizar.
“Necesitamos tener la habilitación de la boletería, necesitamos poder usar la boletería, necesitamos tener un contrato de alquiler de la boletería, que esté habilitado, poder usar baños, que no había, que haya la limpieza que tiene que haber, y poder usar los andenes de manera segura”, enumeró.
San Antonio asegura que ya pagó $6 millones
Otro de los puntos que contradicen el discurso del interventor es el planteo sobre la falta de pago.
Contreras aseguró que San Antonio ya entregó alrededor de $6 millones al municipio de Aguas Blancas desde enero, aunque aclaró que fueron realizados como pagos a cuenta mientras las partes determinan el monto definitivo de cualquier eventual deuda.
“Nosotros venimos haciendo un pago a cuenta de la posible deuda que tengamos con el municipio hasta el momento que arribamos a un acuerdo”, explicó.
El representante de la empresa insistió en que existe voluntad de cumplir con las obligaciones que correspondan, pero reclamó que primero se establezca qué conceptos deben abonarse.
“Hay tasas, hay alquileres, están las tasas de actividades varias, la tasa de toque de andén. Nosotros consideramos que no la tenemos que pagar porque no llegamos a ningún andén. El alquiler de la boletería consideramos que no lo tenemos que pagar porque no tenemos un contrato de alquiler”, sostuvo.
De esta manera, la empresa pone en discusión la afirmación de Zigarán de que San Antonio simplemente se niega a pagar.
Una deuda que, según la empresa, todavía no está determinada
Contreras cuestionó especialmente que se haya presentado públicamente a San Antonio como una empresa deudora sin que, según afirmó, exista una liquidación definitiva de la obligación.
“Lo primero que tiene que haber es la existencia de una deuda y que esté determinada. Eso no existe hoy como para que nos acusen de determinadas cosas en los medios”, sostuvo.
El empresario consideró que existen mecanismos administrativos y legales para establecer si existe una deuda, determinar su monto y acordar una forma de pago.
“Para eso existen normas, existen leyes y existen un montón de mecanismos para poder llegar a acuerdos sobre si hay creación de pago o no, o si hay una deuda o no”, agregó.
En ese sentido, calificó como “irregular” la decisión de impedir el ingreso de los colectivos mientras las negociaciones todavía estaban en curso.
Los pasajeros, los principales afectados
Mientras continúa la disputa, los colectivos de San Antonio llegan hasta la garita de tránsito ubicada sobre la Ruta Nacional 50, donde los pasajeros deben descender o abordar las unidades.
Contreras advirtió que esta situación afecta especialmente a personas mayores, estudiantes y personas con discapacidad, que deben completar el trayecto a pie hasta el interior de Aguas Blancas.
“El perjudicado es el usuario”, afirmó.
Según explicó, el boleto que comercializa la empresa tiene como destino Aguas Blancas, no la garita ubicada sobre la ruta.
“Ellos tienen destino, la parada o el parador de Aguas Blancas, no la Ruta 50”, remarcó.
Además, advirtió que la situación también genera un problema para la empresa desde el punto de vista de sus obligaciones como prestadora del servicio.
“La obligación nuestra y el contrato nuestro dice que tenemos que llegar hasta el parador”, señaló.
En caso de que ocurra un incidente durante el trayecto que los pasajeros deben realizar desde la ruta hasta la localidad, Contreras reconoció que podrían surgir responsabilidades para la empresa.
La negociación quedó interrumpida
El representante de San Antonio aseguró que las partes venían negociando una salida al conflicto, pero que las conversaciones se interrumpieron cuando el municipio restringió el acceso de las unidades.
Según relató, la empresa recibió notificaciones en las que se establecía que, transcurridas 48 horas sin cancelar la deuda, se restringiría el servicio.
Contreras consideró que la medida fue tomada mientras todavía se discutía cuánto debía pagar la empresa y por qué conceptos.
“Nosotros estamos en una negociación que se vio cortada el viernes cuando nos cortaron el acceso”, afirmó.
Este lunes, según indicó, representantes de San Antonio se encontraban en las oficinas municipales presentando declaraciones juradas de actividades varias para intentar establecer la base imponible correspondiente.
El objetivo era determinar, además, cuánto de los pagos realizados desde enero podía computarse para establecer si quedaba algún saldo pendiente.
“Queremos llegar hoy al acuerdo”
Contreras buscó bajar el tono de la disputa y aseguró que la empresa pretende resolver el conflicto por las vías institucionales.
“Queremos llegar hoy al acuerdo, no confrontar con nadie, queremos prestar el servicio, queremos trabajar como corresponde y que las condiciones sean las mejores para la prestación del servicio”, manifestó.
El representante de San Antonio insistió en que la empresa no se niega a pagar las obligaciones que correspondan, pero reclamó que exista claridad sobre las tasas, los servicios municipales y las condiciones de utilización de las instalaciones.
“Necesitamos regularizar toda la situación, necesitamos llegar al parador, necesitamos poder pagar lo que corresponde pagar”, sostuvo.