Cumplió 3 años el sistema procesal acusatorio instaurado en Salta y Jujuy
El sistema procesal penal acusatorio cumplió tres años desde su implementación en las provincias de Salta y Jujuy. Este cambio, instrumentado a través del Código Procesal Penal Federal (CPPF) sancionado por la ley 27.063, implica un modelo de justicia basado en la oralidad, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles en los que la investigación de los delitos queda a cargo del Ministerio Público Fiscal.
El sistema acusatorio se asienta sobre la división de roles entre jueces y fiscales, la contradicción y la "igualdad de armas" entre las partes, la publicidad de las decisiones y el derecho de toda persona imputada en el marco de un proceso penal a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
El Congreso de la Nación dispuso que la implementación del CPPF sea gradual y progresiva. Las definiciones sobre la instrumentación del proceso están a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal que dispuso que las próximas jurisdicciones en las que se implementará el CPPF sean Mendoza (que comprende la región de Cuyo) y Rosario (que involucra buena parte de la provincia de Santa Fe y la sección judicial San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires). Aún no se ha establecido la fecha en la que sucederá la puesta en marcha en cada una.
Jurisdicción Salta
La implementación del CPPF en la jurisdicción Salta en buena medida fue posible merced al compromiso de fiscales, funcionarias/os y empleadas/os del MPF.
En los últimos 12 meses, en las cuatro sedes del MPF en la jurisdicción se iniciaron un total de 2909 casos. El 62% se inició como consecuencia de actos de prevención promovidos por las diversas fuerzas de seguridad y un 26% por denuncias. Del total de denuncias efectuadas en la jurisdicción, el 69% se realizaron ante el MPF, en tanto que las denuncias ante las fuerzas de seguridad alcanzaron el 27% y sólo un 4% fueron sustanciadas con la intervención inicial del Poder Judicial.
En este contexto, el 41% de los casos iniciados tiene vinculación con hechos catalogables como de "narcocriminalidad". Del total de casos iniciados en los últimos 12 meses, el 59% ya fue resuelto.
Dentro del universo de casos resueltos, dos tercios, es decir el 66%, corresponden a formas tempranas de finalización (archivos y desestimaciones); un 14% corresponde a formas de soluciones alternativas (aplicación de criterios de oportunidad, conciliaciones, reparaciones integrales y suspensiones del proceso a prueba), casi un 5% culminó en sentencias condenatorias y un 1,5% a sobreseimientos.