Peñalba propone regular los activos digitales del Estado para evitar pérdida de información y cuentas institucionales
El diputado por Cafayate presentó un proyecto de ley para establecer pautas de identificación, administración, resguardo y transferencia de los activos digitales gubernamentales. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la información ante los cambios de autoridades.
El diputado provincial por Cafayate, Patricio Peñalba, presentó un proyecto de ley para establecer un marco normativo sobre los activos digitales del Estado provincial. La iniciativa apunta a ordenar y proteger las cuentas institucionales, plataformas, sistemas informáticos, bases de datos y demás recursos digitales utilizados por los organismos públicos.
El proyecto sostiene que estos recursos forman parte del patrimonio estatal y, por lo tanto, no pertenecen a los funcionarios, empleados o gobiernos de turno que circunstancialmente los administran.
“Estamos acostumbrados a proteger y están protegidos por ley los bienes materiales. Vos no podés tener un bien material del Estado y llevarlo y hacer uso en tu casa. Eso está mal, eso lo entendemos todos. Pero tenemos un vacío legal respecto a lo que son los activos digitales”, explicó Peñalba en diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3).
Según el legislador, el concepto no se limita a las redes sociales oficiales. También incluye la información generada, utilizada y almacenada por el Estado mediante sistemas informáticos, plataformas y bases de datos.
Qué propone regular el proyecto
La iniciativa establece pautas mínimas para la identificación, administración, resguardo y transferencia de los activos digitales gubernamentales.
Uno de los principales objetivos es evitar que, ante un cambio de funcionario o de gobierno, se pierdan las claves de acceso, la información o el contenido generado durante una gestión.
Peñalba puso como ejemplo las cuentas de redes sociales de los municipios. Señaló que en algunos casos son creadas por empleados utilizando datos personales, como nombres, teléfonos o correos particulares. De esta manera, cuando cambia la administración, puede surgir un conflicto sobre quién tiene la titularidad de la cuenta.
“¿Quién invierte en esa cuenta? Cuando se hicieron fotografías o videos, cuando se hizo el desarrollo, hay una inversión económica. A veces incluso se gasta en publicidad para que la cuenta aumente en seguidores. ¿De quiénes son esos seguidores?”, planteó.
En ese sentido, el proyecto establece que las cuentas institucionales deben crearse mediante mecanismos oficiales y quedar vinculadas al organismo correspondiente, independientemente de quién ocupe el cargo.
Protección de las bases de datos
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la protección de la información que administra el Estado.
Peñalba destacó el valor que tienen actualmente las bases de datos, tanto para la elaboración de políticas públicas como desde el punto de vista comercial. Por eso, consideró necesario establecer mecanismos para impedir su utilización o distribución indebida.
Como ejemplo, mencionó las plataformas estatales que reúnen información de personas que buscan empleo. En esos casos, sostuvo que los datos son generados y administrados por el Estado y deben contar con mecanismos de protección frente a ataques externos o eventuales filtraciones internas.
“Debemos proteger esa información de algún ataque externo y también de que los empleados no distribuyan esa base de datos, por ejemplo, a una empresa amiga con fines netamente comerciales”, afirmó.
El proyecto también contempla la relación entre el Estado y las empresas privadas que prestan servicios informáticos o desarrollan plataformas para organismos públicos. La intención es establecer reglas sobre el acceso que esas compañías pueden tener a la información estatal.
Alcance para los tres poderes del Estado
La propuesta contempla a los distintos estamentos de la administración pública. Según explicó Peñalba, el marco alcanzaría a los tres poderes del Estado, además del Ministerio Público y organismos autárquicos que dependan de la Provincia.
El legislador remarcó que algunos sistemas estatales ya cuentan con mecanismos propios de seguridad. Sin embargo, consideró necesario establecer una normativa general que permita ordenar los diferentes activos y establecer criterios comunes.
“Lo que está protegido, está protegido; lo que no está protegido tiene que protegerse”, resumió.
Además, planteó la necesidad de avanzar hacia una política común para que los distintos organismos puedan intercambiar información de manera segura y bajo criterios homogéneos.
La continuidad del Estado frente a los cambios de gobierno
Para Peñalba, uno de los principales problemas que busca resolver la iniciativa aparece durante los cambios de autoridades.
En esos momentos, las claves, cuentas y bases de datos pueden quedar en manos de funcionarios o empleados de la gestión saliente. El proyecto plantea establecer un protocolo de traspaso, de manera que los accesos y contenidos sean entregados de forma íntegra y documentada.
“La información fue generada por el Estado y para el Estado. Entonces, tiene que haber una continuidad”, sostuvo.