Denuncian a un senador por abuso y la víctima amplío la acusación presentando nuevas pruebas
Una mujer denunció a un legislador provincial por un hecho que habría ocurrido el 4 de agosto en una oficina de calle Caseros. Ahora amplió la presentación, pidió una recalificación más grave, medidas de protección y la incorporación de audios, testimonios e informes médicos. Según pudo saberse, el senador ya contrató un estudio jurídico para asumir su defensa.
El senador provincial por Iruya, Walter Cruz, fue denunciado penalmente por una mujer que lo acusa de haberla sometido a tocamientos y otras conductas de índole sexual sin su consentimiento durante un encuentro ocurrido el pasado 4 de agosto en una oficina ubicada en calle Caseros al 500, en la ciudad de Salta.
La presentación fue realizada por la víctima, quien posteriormente amplió de manera formal la denuncia inicial y solicitó a la Fiscalía que los hechos sean analizados bajo una calificación penal más grave. También requirió medidas urgentes de protección y la producción de nuevas pruebas.
Según consta en el escrito, la víctima conocía al senador a partir de un vínculo previo con su familia, oriunda de Iruya, relación que se habría consolidado a lo largo de los años en el ámbito político. Relató que se reunió con él luego de haberle manifestado su interés en conseguir una oportunidad laboral vinculada al sector minero.
De acuerdo con su versión, cuando intentaba retirarse del lugar, Cruz la habría sujetado por la cintura y sometido a tocamientos sin consentimiento.
La mujer también denunció que el legislador habría intentado besarla por la fuerza y que, ante su resistencia, la habría inmovilizado e intimidado.
Siempre según la presentación judicial, la denunciante logró apartarse en más de una oportunidad, aunque sostiene que el senador volvió a sujetarla y que posteriormente le ofreció dinero a cambio de que no hiciera pública la situación ni avanzara con una denuncia.
En el escrito se mencionan sumas que habrían ido de tres a siete millones de pesos.
La mujer afirmó además que esa misma noche regresó al lugar acompañada por familiares. Según su relato, durante ese encuentro Cruz habría reconocido parte de lo sucedido y ofrecido disculpas.
Esa conversación, sostiene la denunciante, habría quedado registrada en un audio cuya incorporación al expediente fue solicitada como prueba.
En la ampliación también manifestó que, tras el episodio, recibió atención en el Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Ragone”, donde, de acuerdo con el escrito, se le diagnosticó un cuadro agudo de pánico, estrés postraumático y crisis de angustia.
También indicó que continúa bajo asistencia psicológica en el Polo Integral de las Mujeres.
Piden agravar la calificación
Las actuaciones se habrían iniciado preventivamente bajo la figura de abuso sexual simple. Sin embargo, en la nueva presentación la querella solicitó que se analice la posible configuración de abuso sexual simple agravado y coacción extorsiva.
Este último planteo está relacionado con las supuestas amenazas y con el ofrecimiento de dinero que la denunciante atribuye al senador luego del episodio.
Como parte de las medidas probatorias, la presentación solicita incorporar el audio de la reunión mantenida la noche del 4 de agosto, informes del Hospital Ragone y del Polo Integral de las Mujeres, declaraciones testimoniales y pericias psicológicas.
También pide una evaluación psicológica y psiquiátrica del acusado.
Reclama medidas de protección
La víctima solicitó además una prohibición de acercamiento, un perímetro de seguridad, la prohibición absoluta de contacto e intimidación y la asignación de un botón antipánico.
En el escrito también denuncia una presunta campaña de hostigamiento y descrédito en Iruya y pide medidas para evitar acciones que, según sostiene, puedan afectar tanto a ella como a su familia.
La presentación concluye con el pedido de que se tenga por ampliada formalmente la denuncia y se dispongan las medidas cautelares y de protección requeridas.
En paralelo, según pudo saberse, el senador Cruz ya habría contratado a un estudio jurídico para intervenir en la causa y asumir su defensa frente a la denuncia.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser evaluadas por el Ministerio Público Fiscal, que tendrá a su cargo definir la calificación legal, la incorporación de las pruebas solicitadas y las eventuales medidas procesales.