Denuncian fraude y direccionamiento en la licitación de buques de la Prefectura Naval
El Ministerio de Seguridad enfrenta acusaciones de irregularidades en la compra de patrulleros oceánicos a una empresa francesa.
El Ministerio de Seguridad de la Nación está en el centro de un escándalo tras las denuncias de fraude millonario y direccionamiento en la licitación para la compra de cuatro buques patrulleros oceánicos (OPV) destinados a la Prefectura Naval Argentina.
El proceso de adquisición, que involucra una cifra superior a los 325 millones de dólares, está siendo cuestionado por astilleros nacionales y diversos sectores empresariales, que señalan falta de transparencia y favoritismo hacia una empresa francesa.
Abrieron la licitación en noviembre de 2023, cuando el Ministerio de Seguridad inició un proceso para la compra de las embarcaciones, destinadas a reforzar la capacidad de patrullaje y control en aguas marítimas argentinas.
La denuncia surge del hecho de que adjudicaron el contrato, según las acusaciones, de manera que favoreció al astillero francés Naval Group, a pesar de la existencia de alternativas más competitivas desde el punto de vista económico y de desarrollo local.
Astilleros argentinos y cámaras empresariales del sector se han mostrado en contra de la adjudicación de este contrato y sostienen que el proceso estuvo direccionado, lo que dejaría en desventaja a la industria nacional, que podría haber cumplido con los requerimientos del Ministerio a un costo significativamente menor.
Irregularidades en el procedimiento
La principal acusación se refiere a un supuesto direccionamiento en las bases de la licitación, que habría dificultado la competencia para las empresas locales.
Además, se señala que las condiciones del contrato favorecen de manera desproporcionada a la empresa francesa. Según fuentes cercanas a la denuncia, el proceso habría omitido una adecuada evaluación de las ofertas y no habría cumplido con los principios básicos de transparencia en los contratos públicos.
Reacciones y próximos pasos
Ante las acusaciones, tanto la Cámara Argentina de la Industria Naval como diversos actores políticos y gremiales han solicitado la suspensión de la licitación hasta que se realice una investigación independiente sobre las irregularidades denunciadas.
Además, piden una revisión de los criterios utilizados para adjudicar el contrato y una mayor apertura a propuestas de empresas nacionales que podrían garantizar el desarrollo de la industria local sin comprometer la seguridad del país.
Este caso sigue siendo una fuente de tensión en el sector, con posibles implicancias políticas y económicas.
Las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial sobre las denuncias, pero el tema promete continuar siendo un punto de debate en los próximos días, mientras se avanza en el proceso de compra y en la evaluación de las pruebas presentadas.
Fuente: Ámbito Financiero