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Derechos de la infancia: el desafío de dejar la mirada adultocéntrica

En el marco del XXXVII aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Marta Aguilar, Abogada del Niño del Ministerio Público Pupilar destacó el cambio fundamental que representó en la protección de la infancia al reconocer a las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derechos y no como objetos de tutela de los adultos.

Cada 20 de noviembre se conmemora el XXXVII aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989.

Representó un avance en materia de protección infantil y una de las transformaciones culturales y jurídicas más profundas de las últimas décadas.

Este tratado internacional marcó un punto de inflexión al establecer que los niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de todos los derechos humanos y deben ser considerados sujetos plenos de derecho, reconociendo que, por estar en pleno crecimiento y desarrollo, requieren de una protección especial.

En Argentina, la Convención adquirió jerarquía constitucional en 1994 y sus principios se fortalecieron con la sanción de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2005.

Esta normativa derogó definitivamente el viejo modelo del patronato e instauró la primacía del Interés Superior del Niño, obligando a que toda decisión familiar o estatal priorice su bienestar integral.

Asimismo, estableció un sistema de corresponsabilidad: los padres o adultos a cargo son los primeros responsables, seguidos por el Estado, mientras que toda la comunidad está habilitada para alertar o denunciar cualquier situación de riesgo.

En este contexto, en el programa radial Antena Infantil, la Abogada del Niño del Ministerio Público Pupilar, Marta Aguilar, destacó como principales avances de este cambio de paradigma el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a que sus opiniones sean consideradas, de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Asímismo, enfatizó en la necesidad de superar las miradas adultocéntricas que consideran a los niños como personas sobre las que los adultos pueden decidir sin tener en cuenta sus opiniones.

Aguilar señaló que escuchar a los niños no significa acceder a todos sus deseos ni eliminar los límites necesarios para su crianza, sino reconocer su derecho a expresarse y participar en las decisiones que los involucran.

En los procesos judiciales y administrativos, esto implica garantizar espacios adecuados para que puedan manifestar sus opiniones libremente, de acuerdo con su edad y madurez.

Cuando una decisión judicial se aparta de lo expresado por el niño, debe estar debidamente fundamentada en su interés superior.

En la práctica jurídica, este cambio de paradigma se materializó en la figura del Abogado del Niño, un patrocinio letrado gratuito y especializado al que pueden acceder los adolescentes (de 13 a 18 años) cuando existen intereses contrapuestos con sus progenitores o representantes legales.

La funcionaria traslada al expediente la voz y las pretensiones del adolescente desde su propia mirada.

Cabe destacar que en Salta la mayor cantidad de intervenciones de la Abogada del Niños fueron por casos relacionados a cuota alimentaria, trámites de filiación, supresión de apellido en casos de abandono o violencia, y la participación en procesos de adopción, donde a partir de los 10 años los niños deben prestar su conformidad.

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