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La Caja Interprofesional busca frenar su derogación y propone un plan para regularizar deudas

Tras la media sanción del Senado, la entidad pidió a Diputados mantener vigente la Ley 8.444 y propuso un plazo extraordinario de 30 días para regularizar aportes. La iniciativa surge después de que los legisladores cuestionaran la viabilidad del sistema por una morosidad que estimaron en el 70%

La Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para evitar la derogación de la Ley 8.444, que regula el sistema previsional de nutricionistas y trabajadores sociales.

La iniciativa contempla un régimen excepcional de regularización de aportes y constituye una nueva instancia en el conflicto que enfrenta a las autoridades de la entidad con sectores profesionales que cuestionan la obligatoriedad y el costo del sistema.

El planteo llega después de que el Senado provincial aprobara, el pasado 12 de noviembre, la derogación de la normativa sancionada en 2024.

El proyecto, impulsado por los senadores Dani Raúl Nolasco, Enrique Cornejo, Diego Cari, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Esteban D’Andrea y Alejandra Navarro, obtuvo media sanción y fue girado a Diputados para su revisión.

Durante el tratamiento, uno de los principales argumentos para eliminar el régimen fue su elevada morosidad.

El senador por General Güemes, Enrique Cornejo, sostuvo que el 70% de los afiliados no podía afrontar los aportes mensuales y que solamente el 30% cumplía con sus obligaciones.

A su entender, esa situación comprometía la sustentabilidad financiera de la institución y ponía en riesgo el pago de futuras prestaciones.

Cornejo también señaló que la Caja todavía no había otorgado jubilaciones y se encontraba en una etapa de conformación patrimonial.

Consideró que esa circunstancia permitía avanzar con su disolución sin afectar beneficios jubilatorios ya concedidos, aunque reconoció que los profesionales necesitan contar con protección previsional.

Una alternativa frente al reclamo de derogación

La propuesta presentada por la Caja establece un período extraordinario de 30 días para que los afiliados puedan adherir a un convenio de regularización y comenzar a efectuar sus aportes desde el mes de suscripción.

Como contrapartida, la entidad se comprometería a no reclamar por vía administrativa, extrajudicial ni judicial, durante cinco años, las obligaciones acumuladas desde febrero de 2025 hasta la firma del acuerdo.

Se trata de una suspensión temporal de las acciones de cobro, no de una condonación definitiva de esas deudas.

La institución, presidida por Graciela Leal, también manifestó su disposición a instrumentar planes de pago sin recargos adicionales.

Según explicó, el objetivo es brindar una alternativa a los profesionales que dejaron de aportar por dificultades económicas, incertidumbre o desconocimiento de las condiciones del régimen.

Los números de la Caja

Para respaldar su posición, la entidad presentó información sobre el funcionamiento del sistema y sostuvo que cuenta con estudios actuariales independientes que acreditan su viabilidad financiera.

De acuerdo con los datos difundidos, registra 1.106 afiliados activos, de los cuales 471 realizaron aportes y 235 se encontraban completamente al día hasta octubre de 2026.

Otros 21 profesionales interrumpieron sus pagos ante la incertidumbre generada por el tratamiento legislativo de la derogación.

Asimismo, informó que 344 afiliados registran bajas, licencias o suspensiones documentadas, contempladas por la legislación para determinadas situaciones laborales y profesionales.

Esta información introduce una distinción respecto de las cifras de morosidad expuestas durante el debate parlamentario, ya que no todos los afiliados que no realizan aportes se encuentran necesariamente en situación de incumplimiento.

En cuanto a los aportes, la Caja comparó sus prestaciones con las del régimen nacional de monotributo.

Indicó que el aporte promedio de este último asciende a $88.147,94, con una jubilación promedio de $444.158,46, mientras que en el sistema interprofesional el aporte promedio es de $92.829 y la jubilación ordinaria promedio alcanza los $714.000.

Se trata de cifras aportadas por la propia institución para defender su esquema previsional.

Un conflicto que comenzó con el rechazo a los aportes obligatorios

La posición de la Caja contrasta con los reclamos de profesionales de Nutrición y Trabajo Social que impulsaron la derogación.

Ambos sectores cuestionaron la afiliación obligatoria, los montos de las cuotas y las dificultades para afrontar los pagos, especialmente entre quienes recién comienzan a ejercer o tienen ingresos inestables.

Durante el tratamiento en el Senado se expuso que una asamblea del Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social había registrado 73 votos favorables a la derogación entre 75 participantes.

En el Colegio de Graduados en Nutrición, 132 de los 153 profesionales que participaron de dos asambleas también se pronunciaron por eliminar la normativa.

Los legisladores consideraron que estos pronunciamientos evidenciaban un rechazo significativo al régimen.

También señalaron que el carácter obligatorio de los aportes podía representar una carga adicional para profesionales que ya contribuían a otros sistemas previsionales o percibían ingresos variables.

Sin embargo, la derogación no obtuvo respaldo unánime. La senadora Leonor Minetti votó en contra al considerar que podían instrumentarse planes de pago, reducir aportes y suspender las ejecuciones por deudas.

Por su parte, Roque Cornejo presentó un dictamen en minoría que proponía modificar distintos artículos de la ley, incluida la posibilidad de establecer una afiliación voluntaria.

El Senado le dio media sanción a la derogación.   Foto. Senado.

Advierten sobre las consecuencias de eliminar el régimen

La institución solicitó que, si Diputados decide avanzar con la derogación, se introduzcan modificaciones sustanciales para garantizar la liquidación de las obligaciones pendientes y la distribución de fondos, priorizando a quienes efectivamente realizaron aportes.

El proyecto aprobado por el Senado contempla la designación de un liquidador, que deberá determinar los activos, pasivos y compromisos de la institución.

Una vez canceladas las obligaciones y constituidas las reservas previstas, el dinero remanente, si lo hubiera, sería distribuido proporcionalmente entre los profesionales que realizaron aportes, sin garantizar la devolución íntegra de lo abonado.

La Caja advirtió que eliminar el régimen podría perjudicar a quienes cumplieron con sus obligaciones y generar un trato desigual respecto de quienes nunca aportaron.

También cuestionó los datos utilizados para fundamentar la derogación y defendió la continuidad de una institución destinada a garantizar jubilaciones, pensiones y cobertura ante situaciones de incapacidad.

La entidad recordó además que la legislación permite incorporar otras profesiones que carezcan de un sistema previsional provincial propio y sostuvo que mantiene conversaciones con representantes de distintos colegios para evaluar futuras incorporaciones.

Con el proyecto ahora en manos de Diputados, la discusión vuelve a centrarse en dos posiciones: la de los profesionales que consideran insostenible la obligatoriedad de los aportes y la de las autoridades de la Caja, que defienden la continuidad del régimen y proponen flexibilizar las condiciones para garantizar su funcionamiento.

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