La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes la modificación del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra quienes cobren estacionamiento en la vía pública sin autorización.
La iniciativa -que ahora vuelve al Senado en revisión- incorpora el artículo 77 bis y modifica los artículos 17 y 24 de la Ley Nº 7.135, con el objetivo de regular una práctica que, según coincidieron los legisladores, se ha extendido en distintas localidades de la provincia. El nuevo esquema establece penas de hasta 50 días de arresto o multas equivalentes a $360.000 para quienes realicen cobros indebidos sin autorización. En tanto, se prevén sanciones de 20 días, multa para aquellos permisionarios que, aun estando habilitados, no cumplan con los requisitos exigidos. Además, la norma contempla agravantes cuando el cobro ilegal se realice en el marco de organizaciones o en zonas cercanas a espectáculos públicos, donde este tipo de prácticas suele intensificarse.
Otro de los puntos centrales es la creación de un registro provincial de permisionarios, que funcionará de manera articulada con los municipios. Este sistema permitirá identificar a las personas habilitadas para el cobro de estacionamiento, incluyendo datos como nombre, fotografía, legajo y un código QR verificable. El proyecto también promueve que los municipios implementen credenciales oficiales visibles para los permisionarios y campañas de concientización para que los ciudadanos puedan reconocer a quienes están autorizados.
Durante el debate, la diputada Socorro Villamayor explicó que la iniciativa busca “dar un marco legal general” a la actividad, garantizando tanto la protección de los usuarios como de los trabajadores habilitados. En ese sentido, advirtió que la proliferación de cobros indebidos ha derivado en situaciones de abuso, amenazas y conflictividad en el espacio público. La legisladora remarcó además la necesidad de articular el trabajo entre Provincia y municipios mediante herramientas como el registro unificado, que permitirá conocer quiénes están autorizados a cobrar estacionamiento en cada jurisdicción. Con esta aprobación, la Cámara avanzó en una respuesta normativa a una problemática creciente, que combina aspectos de orden público, seguridad y condiciones sociales en el uso del espacio urbano.