Diputados avanzan con medidas efectivas contra deudores alimentarios
Diputados solicitaron se firme un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que utilizando los recursos informáticos y de redes se entrecrucen datos y se pueda obtener rápidamente datos de los morosos alimentarios.
Pasada las 21 del martes, finalmente la Cámara Baja retomó la sesión que suspendió la última semana y aprobó un proyecto de Declaración en el que se solicita que se rubrique un convenio entre el Poder Judicial y organismos nacionales para que informen cuando una persona incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos sea dada de alta como trabajador o monotributista, a efectos de que pueda hacerse efectivo el cobro de sus respectivas deudas alimentarias.
La autora del proyecto, Socorro Villamayor, detalló a Nuevo Diario que además de la iniciativa presentada a la Cámara que fue aprobada por unanimidad, planteará el tema a los jueces y a los titulares de los organismos nacionales. Asimismo, solicitará a los legisladores nacionales salteños que actúen en igual sentido y promuevan desde el Congreso el entrecruzamiento de datos.
Villamayor sostuvo que este proyecto será una herramienta clave para poder garantizar los derechos de los niños, y el cumplimiento de las obligaciones de los padres en lo que respecta a cuotas alimentarias, ya que, en aquellos casos de actualización constante en la situación laboral de los padres deudores, los Juzgados intervinientes podrán renovar la información y garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas.
"Los jueces cada vez que liberan un oficio a AFIP o ANSES para conocer la situación laboral y patrimonial de un deudor alimentario tienen que esperar, no sólo los tiempos administrativos de la justicia, sino los de la AFIP y ANSES y después los de la empresa, en el caso que estén en relación de dependencia para corroborar esa situación y mientras tanto se vulneran los derechos de los niños", remarcó la legisladora.
Agregó que: "Muchas veces se dice que informar sobre el estado patrimonial de las personas menoscaba el derecho a la intimidad y ante un deudor está bueno que el juez de familia pueda tener los datos a su alcance, sin tanta burocracia".
Por último, Villamayor expresó que trasladará la inquietud a los legisladores nacionales para que el entrecruzamiento de datos se pueda hacer en todo el territorio nacional.