Diputados impulsan una comisión investigadora por la posible incompatibilidad del libertario Sergio López
La iniciativa busca determinar si el diputado libertario Sergio López continuó ejerciendo como abogado durante su mandato y si esa actividad podría contradecir la Ley 7204 y el artículo 123 de la Constitución Provincial.
Un grupo de diputados de la Provincia de Salta presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión Investigadora Especial que analice la posible incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el mandato legislativo del diputado libertario Sergio Mauricio López.
La iniciativa pretende establecer si López continuó representando o patrocinando a terceros ante organismos públicos provinciales o municipales luego de asumir como legislador. También busca determinar si percibió o reclamó honorarios por trabajos profesionales realizados durante su mandato.
El proyecto lleva la firma de 19 diputados. Entre ellos, Germán Darío Rallé, Enzo Gabriel Alabi, Luis Fernando Albeza, David Emmanuel Ayón, Laura Cartuccia, Enzo Chauque, Edgar Domínguez, Juan José Esteban, Amanda Fonseca Lardies, Gastón Galíndez, Patricia Hucena, Carlos Ignacio Jorge de la Zerda, Fabio López, Patricio Peñalba Arias, Miguel Ángel Plaza Schaefer, Antonio Taibo, Ernesto Tapia, Adrián Valenzuela Giantomasi y Alejandro Valenzuela Pérez.
Qué investigará la comisión
De aprobarse el proyecto, la comisión estará integrada por siete diputados, respetando la representación proporcional de los bloques y con participación de las dos primeras minorías.
Entre sus objetivos estará determinar si el legislador intervino profesionalmente ante los poderes públicos después de incorporarse a la Cámara, qué causas tuvieron su participación y si continuó ejerciendo pese a haber sido notificado de un criterio judicial que consideró incompatible esa actividad con su mandato.
También se investigará si recibió o reclamó honorarios profesionales durante el período bajo análisis.
Para ello, la comisión podría solicitar información a la Corte de Justicia de Salta, al Colegio de Abogados y Procuradores y a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores, además de requerir documentación a organismos provinciales y municipales.
El antecedente judicial que originó el planteo
Los diputados fundamentaron la iniciativa en una resolución dictada el 8 de mayo de 2026 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, con asiento en San José de Metán.
La decisión se produjo en el expediente “Darán, Juan Carlos Jesús; Darán, Walter Francisco contra Soria, Graciela Noemí y otros por interdictos”, donde se dispuso que López se abstenga de continuar interviniendo profesionalmente mientras dure su mandato legislativo.
El proyecto aclara que la comisión no tendrá facultades para revisar ni cuestionar la decisión judicial. Su objetivo será establecer si existió una conducta incompatible con las normas que regulan el ejercicio del mandato legislativo.
La Ley 7204, en el centro de la discusión
Los autores de la iniciativa sostienen que la Ley 7204, sancionada en 2002, establece una restricción para que quienes ejercen un mandato legislativo no se presenten ante los poderes públicos provinciales en ejercicio de su profesión y en representación de terceros.
Según los fundamentos, la norma busca evitar una situación de asimetría entre un legislador y el resto de los profesionales que intervienen ante los organismos públicos.
Los diputados consideran que la discusión no se limita a determinar si el Estado es o no parte en un expediente. Según plantean, la prohibición alcanza la presentación ante los poderes públicos y busca preservar la confianza en la institución legislativa.
López podrá presentar su descargo
El proyecto establece garantías específicas para el diputado investigado. López deberá ser notificado del objeto de la investigación y tendrá derecho a acceder al expediente, presentar un descargo, ofrecer pruebas y contar con asistencia letrada.
Además, podrá ser escuchado personalmente si así lo solicita.
Los autores remarcaron que ninguna conclusión podrá adoptarse sin garantizar previamente estos derechos.
La comisión tampoco podrá intervenir sobre causas judiciales en trámite ni solicitar la revisión o suspensión de decisiones de otros poderes del Estado.
Qué podría resolver la Cámara
Una vez finalizada la investigación, la comisión deberá elevar un dictamen al pleno de Diputados.
El proyecto contempla cuatro posibilidades: archivar las actuaciones si los hechos no se acreditan; considerar que existió un desorden de conducta en el ejercicio de las funciones; remitir los antecedentes al Colegio de Abogados para una eventual actuación disciplinaria; o impulsar reformas legislativas para establecer consecuencias y procedimientos frente al incumplimiento de la prohibición prevista en la Ley 7204.
Los autores remarcaron que la propuesta no parte de una conclusión anticipada sobre la conducta de López. Por el contrario, sostienen que la comisión permitirá determinar los hechos con un procedimiento formal y con derecho de defensa.
En los fundamentos, los diputados señalaron que la investigación apunta a determinar si existe una conducta incompatible con la función legislativa y, en caso de comprobarse, evaluar si corresponde aplicar las facultades de corrección previstas por el artículo 123 de la Constitución de Salta.