El oficialismo y los bloques dialoguistas impusieron anoche en la Cámara de Diputados una mayoría para aprobar el proyecto que envió al Congreso el presidente Milei. El peronismo y la izquierda votaron en contra; también se define la suba de Bienes Personales.
Para asegurarse los votos para la Ley Bases el oficialismo desistió de incluir en la lista de empresas que se pueden privatizar a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Lo mismo ocurrió con la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, destinada a los trabajadores que tienen algunos aportes, pero no llegan al mínimo de 30 años.
Luego de un extenso listado de oradores, y con la presencia de Karina Milei, Guillermo Francos y Victoria Villarruel en el recinto, pasada la medianoche se conoció el resultado del primer proyecto legislativo que se sanciona durante la gestión de Javier Milei.
La definición de la ley Bases -que replica el texto aprobado en el Senado- se hará con una votación en general, mientras que la iniciativa de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” se segmentó en cuatro votaciones: primero la reforma de gastos tributarios, luego el impuesto a las Ganancias, posteriormente la tasa sobre Bienes Personales y finalmente el resto del articulado.
Una de las recurrencias durante el debate fue la posibilidad de judicialización de lo aprobado en la reforma fiscal, que recuperó el texto de Diputados aprobado en abril desconociendo los rechazos del Senado a Ganancias y Bienes Personales. “Tengamos en claro que esto va a ser el insumo, lamentablemente, para aquellos jueces que van a recibir los cientos de miles de demandas, que no van a venir de los diputados sino de los casi 800.000 trabajadores a los que se les cambió su situación impositiva”, señaló Vanesa Siley (Unión por la Patria).
Los puntos más importantes que aprobaron
Entre los nueve capítulos de la ley Bases, y luego de la eliminación de la reforma previsional, los 238 artículos de la legislación aprobada incluyen:
Facultades excepcionales para el Presidente de la Nación: emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): esquema impositivo que establece estímulos para captación de fondos productivos extranjeros (de al menos de u$s 200 millones) durante 30 años para el sector forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cuentan con exenciones de derechos de exportación a partir del tercer año. El Senado estableció que cada provincia pueda definir su adhesión al régimen y un cupo del 20% de adquisición a proveedores locales “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
Reforma laboral: extensión del período de prueba a los seis meses para empresas con más de 100 trabajadores, de ocho meses para empresas desde seis hasta 100 trabajadores y de un año en empresas con hasta cinco trabajadores. Los sindicatos continuarán cobrando cuotas de los trabajadores, aunque no estén afiliados.
Privatizaciones: se establecen como susceptibles de ser privatizadas a las compañías estatales ENARSA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE.
Modificación de ley de hidrocarburos: se establecen mecanismos de desregularización para priorizar la maximización de la producción para la exportación y la renta, modificando el paradigma que se concentraba en el abastecimiento del mercado interno.
Obra pública: el Ejecutivo cuenta con potestad para renegociar o rescindir contratos de obra pública o provisión de bienes y servicios, con excepción a aquellos que tengan un 80% de grado de ejecución o tengan financiamiento internacional.
Reforma impositiva tabacalera: se incrementa el impuesto a los cigarrillos del 70% al 73% y se incluye a la Tabacalera Sarandí.
El proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, propone:
Restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias: quedarían contemplados trabajadores asalariados solteros que perciben un salario bruto de $1,8 millones. En caso de casados con dos hijos, el esquema asciende a $2,34 millones.