En un escenario donde el uso del espacio público vuelve a estar en el centro de la agenda, en Salta, Diputados tratará este martes una iniciativa que apunta a regular —y sancionar— la actividad de los denominados “trapitos”.
Se trata de un proyecto impulsado por el senador Gustavo Carrizo, con el acompañamiento del intendente capitalino Emiliano Durand, que propone introducir cambios en el Código Contravencional de la provincia. Ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta.
El eje de la propuesta es la incorporación de una figura específica que penaliza a quienes exijan retribución por el estacionamiento, la limpieza o el cuidado de vehículos en la vía pública sin contar con autorización legal o administrativa. La norma prevé sanciones que van desde multas hasta arrestos de hasta 40 días, en un intento por desalentar una práctica que, en muchos casos, se mueve en una zona gris entre la informalidad y la coerción.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el endurecimiento de las penas cuando la actividad no es individual sino organizada. En ese sentido, se establece que el arresto será de cumplimiento efectivo —sin posibilidad de sustitución por otras sanciones— cuando se detecte la existencia de estructuras con jefes, coordinadores u organizadores detrás del cobro.
La intención es apuntar no solo al eslabón visible, sino también a quienes estructuran y sostienen el circuito. La iniciativa también pone el foco en los espacios de alta concentración de personas.
Se prevén sanciones más estrictas cuando el cobro se produzca en zonas cercanas a grandes parques, paseos públicos o durante eventos masivos, tanto públicos como privados. Para estos casos, se delimita un radio de hasta 20 cuadras y un margen temporal que abarca desde tres horas antes hasta dos horas después de finalizada la actividad, configurando una especie de “zona de control intensivo”. En paralelo, el proyecto redefine el sistema de multas dentro del Código Contravencional.
Se establece que el valor se calculará en “días de multa”, tomando como referencia el equivalente a diez litros de nafta de mayor valor por cada día.
Este criterio busca actualizar el esquema sancionatorio y evitar que las multas pierdan eficacia frente a la inflación, un problema bastante conocido en la práctica. Asimismo, se mantiene la posibilidad de conmutar arresto por multa en términos generales, aunque con excepciones en los casos más graves contemplados por la nueva figura.
Es decir, en situaciones vinculadas a organización o en contextos de eventos masivos, la sanción privativa de la libertad no podrá ser reemplazada.
Otro aspecto relevante es la modificación de las reglas generales sobre el arresto. El texto establece que esta medida solo podrá aplicarse de manera efectiva cuando se hayan agotado previamente otras alternativas o estas resulten ineficaces, reforzando el criterio de excepcionalidad.
Además, se fija un tope máximo de 40 días y se excluye su aplicación a menores de 18 años.
El intento de avanzar con esta regulación en Salta se da en paralelo a un debate que atraviesa distintas jurisdicciones del país.
En Córdoba, la Unicameral aprobó recientemente una ley que prohíbe la actividad de los “trapitos”, aunque dejó margen a los concejos deliberantes para definir esquemas locales de regulación o alternativas, todo esto en medio de un fuerte debate frente a un contexto creciente de las economías informales.