El Congreso debate flexibilizar la extranjerización de tierras rurales ¿Cual es la realidad de Salta?
Mientras el Senado de la Nación postergó el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de tierras rurales, desde la Dirección General de Inmuebles de Salta aseguraron que la provincia se encuentra por debajo del tope nacional del 15% de propiedad extranjera. Sin embargo, departamentos como San Carlos y Molinos superan ampliamente ese porcentaje debido a adquisiciones realizadas antes de la sanción de la Ley 26.737.
La discusión sobre la extranjerización de las tierras rurales volvió al centro de la escena nacional luego de que el Senado analizara el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional que propone, entre otros cambios, eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y transferir a las provincias la facultad de autorizar o limitar esas operaciones. Finalmente, el debate fue postergado para una próxima sesión.
En ese contexto, el director general de Inmuebles de Salta, Luis Cornejo, brindó precisiones sobre la situación provincial durante una entrevista en el programa Hora de Voces de FM Ya 91.3.
“Hoy podemos decir que la provincia de Salta, dentro de lo que es el territorio nacional, es una de las provincias con menor utilización del cupo de tierras rurales por extranjeros”, afirmó el funcionario.
Según explicó, Salta cuenta con aproximadamente 15 millones de hectáreas rurales, de las cuales cerca de 1,5 millones están en manos extranjeras. Esto representa alrededor del 11,5% del total provincial, por debajo del límite del 15% establecido por la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Realidades preexistentes a la ley
No obstante, la distribución no es homogénea. Cornejo señaló que existen departamentos donde la presencia de propietarios extranjeros supera ampliamente el porcentaje permitido actualmente debido a derechos adquiridos antes de la sanción de la normativa nacional.
“San Carlos tiene aproximadamente 500 mil hectáreas rurales y de esas, unas 300 mil están en manos de extranjeros. Estamos hablando de un 59%”, indicó.
La situación es similar en Molinos, donde la participación extranjera alcanza el 57%. También mencionó casos como Cafayate, Guachipas y Orán, con alrededor del 23% de tierras rurales en manos extranjeras.
En el caso de Cafayate, Cornejo vinculó ese fenómeno al crecimiento del sector vitivinícola, el turismo y los desarrollos inmobiliarios. “Hubo un boom muy grande por la actividad vitivinícola, hotelera y turística, y eso fomentó la inversión extranjera”, sostuvo.
Respecto de Orán, explicó que el porcentaje se traduce en unas 270 mil hectáreas bajo propiedad extranjera sobre un total de 1,2 millones de hectáreas rurales.
La excepción de la Puna
El panorama cambia en la región puneña, donde el auge minero de los últimos años no se tradujo en una mayor extranjerización de la tierra. “El departamento Los Andes tiene unas dos millones y media de hectáreas y prácticamente no hay extranjerización porque son tierras fiscales de la provincia”, explicó Cornejo.
Según detalló, en esa zona las empresas mineras operan mediante concesiones otorgadas por el Estado provincial, pero no adquieren la propiedad de los terrenos.
La misma situación se registra en departamentos como Santa Victoria Oeste, Iruya y La Poma, donde prácticamente no existen superficies rurales en manos extranjeras.
Qué cambiaría la nueva ley
El proyecto que impulsa el Gobierno nacional introduce una modificación sustancial respecto de la legislación vigente. En lugar de establecer un límite nacional uniforme, las provincias pasarían a tener la potestad de autorizar, restringir o reglamentar la compra de tierras por parte de extranjeros dentro de sus jurisdicciones.
Cornejo consideró que, en caso de aprobarse la iniciativa, Salta deberá adecuar su marco normativo mediante una ley provincial o reglamentaciones específicas para definir los requisitos y condiciones de acceso a la tierra para compradores extranjeros.
Actualmente, toda operación de compra de tierras rurales por parte de extranjeros debe atravesar controles previos. Los escribanos deben gestionar una autorización ante el Registro Nacional de Tierras Rurales y, en zonas de frontera, también intervienen organismos específicos vinculados a la seguridad fronteriza.
“Si no se cumple con esos requisitos, la operación no llega siquiera a registrarse en la Dirección General de Inmuebles”, explicó.
Pese a encontrarse por debajo del límite nacional, Cornejo reconoció que Salta integra el grupo de provincias con mayores niveles de extranjerización de tierras rurales, junto con jurisdicciones como Mendoza, Neuquén, Misiones y varias provincias patagónicas.
“Como provincia estamos todavía con un buen margen, pero tenemos sectores muy marcados de extranjerización vinculados a inversiones productivas, vitivinícolas, forestales y agropecuarias”, concluyó.