El Gobierno limita las sanciones de la ley de Malvinas tras las advertencias de EE.UU. sobre sus empresas
El oficialismo modificó el proyecto para conseguir las firmas del dictamen: restringe las penas a operadoras y accionistas directos, acepta una bicameral de seguimiento y excluye al periodismo del artículo sobre desinformación.
El Gobierno incorporó cambios al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto de las sanciones en sus empresas y para reunir las firmas necesarias para un dictamen de mayoría en Diputados. El plenario de comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes 27 de octubre a las 16, aunque circulan versiones de que podría postergarse porque al oficialismo aún le cuesta juntar las firmas. La negociación está a cargo de la diputada libertaria Silvana Giudici.
El texto original, atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo, preveía sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en Malvinas. Tras el encuentro de Milei con el subsecretario de Estado Christopher Landau, y con un papel relevante del embajador Peter Lamelas, el Gobierno aceptó limitar las penas a quienes ejecuten negocios ilegales en territorio argentino como operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos. Quedan eximidos los fondos de inversión con participaciones indirectas. “Había que poner un corte”, justificó un funcionario.
Otros cambios
El proyecto mantiene el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente y con facultad de aceptar o rechazar inversiones de Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores como defensa, energía, minería y actividades espaciales. Para asegurar el apoyo de los aliados, el Ejecutivo aceptó una Comisión Bicameral de Seguimiento, propuesta por el diputado Eduardo Falcone (MID), ante la cual deberá informar en 48 horas las medidas de seguridad que adopte el Consejo. Se incorporó además al Ministerio de Seguridad como miembro permanente y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.
También cambió el artículo que prevé penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública: la nueva redacción excluye expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses, en respuesta a pedidos de la UCR y a cuestionamientos de Unión por la Patria.
Pese a las concesiones, Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas insisten en dividir el proyecto en dos tramos: uno sobre Malvinas y soberanía, y otro sobre inteligencia, defensa, seguridad interior, infraestructura crítica y desinformación. El oficialismo defiende el tratamiento conjunto bajo el expediente 0010-PE-2026. El plenario definirá si hay dictamen de mayoría o si el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, debe convocar a otra reunión, lo que implicaría una nueva pérdida de impulso político.
Fuente: Infobae