El peronismo salteño volvió a su casa, pero la unidad sigue siendo una deuda pendiente
A 81 años del Día de la Lealtad, la militancia regresó a la sede del PJ en Zuviría 936 para recuperar una celebración atravesada por la memoria, la identidad y los reclamos sociales.
Con Julio Argentino San Millán al frente del partido, después de una extensa intervención y una disputa judicial que profundizó las fracturas internas, el justicialismo enfrenta el desafío de reconstruirse sin esconder sus contradicciones.
La sede del Partido Justicialista de Salta volvió a escuchar la marcha peronista, las consignas de la militancia y un reclamo que resonó con particular fuerza: “La patria no se vende”. La celebración anticipada del Día de la Lealtad, realizada el viernes por la noche en Zuviría 936, tuvo un significado que excedió el recuerdo del 17 de octubre de 1945. Después de un prolongado período de enfrentamientos, intervenciones partidarias y disputas judiciales, el regreso de la militancia a la histórica casa justicialista dejó una imagen de reencuentro, aunque también una pregunta incómoda: ¿alcanza con volver a ocupar la sede para reconstruir un movimiento profundamente dividido? La conmemoración llegó en un momento especialmente sensible para el peronismo salteño, que acaba de completar su normalización institucional bajo la presidencia de Julio Argentino San Millán, un dirigente identificado con el espacio político del gobernador Gustavo Sáenz. La recuperación de los órganos partidarios representa el cierre formal de una crisis que atravesó buena parte de los últimos dos años, pero está lejos de garantizar que las diferencias entre el peronismo provincial, el kirchnerismo y otros sectores del justicialismo hayan quedado definitivamente superadas. Como hacía tiempo no sucedía, la militancia volvió a reunirse alrededor de una fecha fundacional para recordar aquella movilización obrera que, hace 81 años, reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y modificó para siempre la historia política argentina. La defensa del trabajo, la justicia social y la soberanía nacional atravesó los mensajes de la jornada, con una reivindicación de uno de los principios más reconocidos del movimiento: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”. Sin embargo, la distancia entre aquella consigna y las condiciones actuales de vida de millones de argentinos también estuvo presente en los pronunciamientos de dirigentes y organizaciones sindicales, que colocaron el deterioro de los salarios, la situación de los jubilados, la precarización laboral y las políticas económicas del Gobierno nacional en el centro de sus reflexiones.
De la intervención a San Millán: una historia de fracturas que todavía pesa
Para comprender el significado político de este nuevo 17 de octubre en Salta es necesario revisar el recorrido reciente del PJ provincial, marcado por una confrontación que trascendió las fronteras partidarias y terminó involucrando a la Justicia Electoral. En febrero de 2025, la conducción nacional del justicialismo, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, dispuso la intervención del distrito salteño, entonces presidido por Esteban Amat Lacroix. La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos al alineamiento de sectores del peronismo provincial con el gobernador Gustavo Sáenz y al acompañamiento legislativo de iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. Para la conducción nacional, esas posiciones expresaban contradicciones políticas con los principios del justicialismo; para los dirigentes desplazados, la intervención constituyó una intromisión en la autonomía partidaria provincial. Lo que comenzó como una disputa por la orientación política terminó convirtiéndose en una batalla por el control institucional del sello peronista.
La controversia atravesó distintas instancias judiciales y nuevos cambios de conducción. En mayo de 2026, la jueza federal María Servini resolvió desplazar a los interventores vinculados con el PJ nacional y designó a José Luis Napoleón Gambetta para encabezar la normalización del partido, después de considerar que la prolongación de la intervención había generado una situación de parálisis institucional. El proceso desembocó en una convocatoria a elecciones internas para el 2 de agosto, que finalmente no se realizaron. Aunque inicialmente se habían presentado 24 listas, las impugnaciones, los acuerdos y las fusiones dejaron una sola nómina habilitada: Generación Justicialista, encabezada por Julio Argentino San Millán, quien terminó proclamado presidente sin competencia electoral. La disputa tampoco quedó completamente saldada en el plano político cuando intervino la Cámara Nacional Electoral. En agosto, el tribunal declaró abstracta una impugnación contra la intervención judicial porque las nuevas autoridades ya habían sido proclamadas. El sector vinculado con Juan Manuel Urtu-bey cuestionó que la resolución no abordara el fondo del conflicto, mientras el resultado institucional consolidaba la conducción de San Mi-llán y el predominio del espacio cercano a Sáenz.
El sábado 10 de octubre, apenas una semana antes de la celebración de la Lealtad, el PJ salteño completó formalmente la reorganización de sus estructuras mediante un Congreso Extraordinario que designó autoridades de la Mesa Directiva, integró el Tribunal de Disciplina y definió nuevos apoderados. Así, el partido llegó al 17 de octubre con autoridades constituidas, pero con el desafío de recuperar una representación política que no se resuelve únicamente mediante trámites institucionales.
La unidad que todos declaman
El problema del peronismo salteño no se limita a los nombres que ocupan sus cargos de conducción. Por debajo de las disputas por el control del partido permanece una discusión mucho más profunda acerca de su identidad, su relación con el poder provincial y su posicionamiento frente al Gobierno nacional. La cercanía de San Millán con el saencismo alimenta las diferencias con aquellos sectores que consideran necesario recuperar un peronismo opositor, con posiciones más definidas frente al programa económico de Javier Milei. En sentido contrario, desde el oficialismo partidario se plantea la necesidad de superar las intervenciones, recuperar la autonomía provincial y abrir las puertas a las distintas expresiones internas. La discusión tampoco es ajena a la estrategia electoral de cara a 2027. La posibilidad de construir una alternativa competitiva obliga a discutir alianzas, liderazgos y candidaturas, mientras persisten las heridas de los enfrentamientos recientes. En ese escenario, la unidad aparece como una palabra repetida en cada acto, pero mucho más difícil de concretar cuando llega el momento de distribuir poder, definir candidaturas y establecer posiciones políticas. La contradicción es evidente: mientras distintas expresiones del justicialismo coinciden en reivindicar los derechos laborales, la producción nacional y la justicia social, no siempre consiguen sostener posiciones comunes frente a las decisiones de los gobiernos nacional y provincial. Por eso, el regreso de la militancia a Zuviría 936 puede leerse como una señal de recuperación de la vida partidaria, aunque sería apresurado confundir la normalización institucional con la reconciliación política de todas las corrientes del peronismo salteño.
Los trabajadores volvieron a colocar el sentido de la lealtad en discusión
La CGT Regional Salta también se expresó en esta conmemoración mediante un documento de su Consejo Directivo, encabezado por el secretario general Carlos Rodas, en el que recuperó el protagonismo del movimiento obrero en aquella jornada de 1945 y vinculó su legado con las dificultades que atraviesan actualmente los trabajadores argentinos. “La lealtad al pueblo se demuestra defendiendo a sus trabajadores”. La definición funcionó como eje de un mensaje que puso el acento en las necesidades concretas de quienes, incluso teniendo empleo, en-cuentran cada vez mayores dificultades para sostener a sus familias. La central obrera recordó que detrás de cada reclamo salarial existen familias que necesitan alimentarse, pagar sus viviendas, acceder a medicamentos y garantizar la educación de sus hijos, mientras que la preocupación por conservar el trabajo expresa también la incertidumbre sobre el futuro. Su pronunciamiento incluyó a jubilados, desocupados y jóvenes que buscan oportunidades, al tiempo que reclamó una dirigencia capaz de escuchar, rendir cuentas y defender efectivamente los intereses de sus representados. “Hoy, la lealtad se expresa en una dirigencia presente, que escucha, rinde cuentas y defiende con firmeza a sus representados”. La organización llamó a fortalecer las estructuras sindicales, sostener el diálogo y recuperar la solidaridad como herramienta de organización colectiva, en un contexto en el que los derechos laborales vuelven a ocupar un lugar central en la disputa política nacional. En la misma línea, UPCN Salta reivindicó el papel histórico de los trabajadores estatales y aseguró que organización, unidad y solidaridad siguen siendo los pilares necesarios para defender el empleo y las conquistas laborales.
La celebración del Día de la Lealtad encuentra al justicialismo argentino atravesado por tensiones que exceden largamente a Salta. La discusión sobre el liderazgo nacional, las diferencias entre gobernadores y conducción partidaria, las estrategias frente al Gobierno de Milei y la necesidad de reconstruir vínculos con una sociedad golpeada por las dificultades económicas forman parte de un debate todavía abierto. En la provincia, esas contradicciones adquieren características particulares por el peso político de Gustavo Sáenz, la nueva conducción de San Millán y la persistencia de expresiones peronistas que cuestionan el rumbo adoptado por el partido. Pero existe otro problema que va más allá de la interna: la distancia entre las estructuras políticas y una ciudadanía que espera respuestas sobre el trabajo, el salario, la vivienda, la salud y la educación.
La militancia volvió a Zuviría 936, cantó la marcha y recuperó una celebración que durante demasiado tiempo estuvo atravesada por divisiones. La imagen tiene un indudable valor simbólico, especialmente después de una crisis que dejó al partido sometido a intervenciones y litigios. Pero la consigna que resonó durante el acto, “La patria no se vende”, también plantea una exigencia hacia adentro: que las posiciones políticas, las alianzas y las decisiones de sus dirigentes encuentren correspondencia con los principios que dicen defender.