El Senado aprobó la derogación de la Caja Interprofesional que tiene el 70% de los actuales afiliados en mora
La Cámara Alta dio media sanción al proyecto que elimina la Ley 8.444, mediante la cual se creó el sistema previsional para nutricionistas y trabajadores sociales de Salta.
El senador Enrique Cornejo sostuvo que la entidad es económicamente inviable y que aún no otorgó ninguna jubilación.
La iniciativa pasó a Diputados y contempla la devolución de los aportes, una vez canceladas las obligaciones de la institución.
El Senado de Salta aprobó este jueves el proyecto de ley que propone derogar la Ley 8.444, mediante la cual se creó la Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta, destinada a brindar cobertura previsional a profesionales de Nutrición y Trabajo Social.
La decisión se fundamentó en la elevada morosidad de sus afiliados y las dificultades económicas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La iniciativa obtuvo media sanción luego de varios meses de reclamos de sectores profesionales que cuestionaron la obligatoriedad de los aportes.
Según explicó el senador por General Güemes, Enrique Cornejo, el 70% de los afiliados se encuentra en mora y solamente el 30% cumple con las contribuciones mensuales, situación que, a su criterio, compromete la viabilidad financiera de la institución.
La Caja fue creada mediante la Ley 8.444, sancionada en agosto de 2024, como una entidad de derecho público no estatal, con autonomía institucional y financiera.
Su finalidad era administrar un sistema de seguridad social para los matriculados en el Colegio de Graduados en Nutrición y en el Colegio de Profesionales del Servicio Social y Trabajo Social de Salta, con la posibilidad de incorporar otras profesiones que no contaran con una caja previsional provincial.
Sin embargo, desde su implementación surgieron cuestionamientos por el carácter obligatorio de los aportes y las dificultades económicas de numerosos profesionales para afrontar las cuotas.
Cornejo explicó que, antes de impulsar la derogación, los legisladores recibieron a representantes de los profesionales y a las autoridades de la Caja, quienes expusieron sus posiciones y aportaron documentación sobre el funcionamiento de la entidad. “Solamente el 30% de sus afiliados están pudiendo pagar las prestaciones mensuales y el 70% están en mora”, sostuvo el legislador, al considerar que esos números demuestran que la institución no cuenta con las condiciones económicas necesarias para sostenerse en el tiempo.
Advirtió además que un sistema previsional debe contar con garantías patrimoniales suficientes para afrontar el pago de las jubilaciones y demás prestaciones comprometidas con sus afiliados.
Según su evaluación, las condiciones actuales no permiten asegurar esas obligaciones a futuro.
La Caja todavía no otorgó ninguna jubilación
Otro de los argumentos centrales para avanzar con la derogación fue que, desde su creación, la institución no otorgó ninguna jubilación.
Cornejo consideró que esta situación resulta determinante desde el punto de vista jurídico, ya que, según su interpretación, no existen beneficios jubilatorios otorgados que puedan verse afectados por la eliminación del sistema.
El senador explicó que la entidad se encuentra todavía en una etapa de conformación y acumulación de recursos, por lo que el proceso de disolución podría realizarse sin afectar prestaciones jubilatorias ya concedidas.
Qué sucederá con los aportes realizados
El proyecto aprobado establece que, si la derogación se convierte en ley, cesará la afiliación obligatoria y no se generarán nuevos aportes, contribuciones, multas ni recargos derivados del régimen previsional. También dispone la disolución y liquidación de la Caja.
Para ello, el Poder Ejecutivo deberá designar un liquidador, quien tendrá a su cargo determinar los activos y pasivos, verificar las obligaciones pendientes y administrar el proceso de cierre.
Cornejo explicó que primero deberán cancelarse las deudas y compromisos que haya generado la institución. Una vez cumplidas esas obligaciones, el dinero remanente, si lo hubiera, será distribuido entre los profesionales que realizaron aportes, en proporción a las sumas efectivamente ingresadas.
La propuesta contempla que la designación del liquidador se realice dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley y fija un plazo de un año para completar el procedimiento, con posibilidad de una prórroga de hasta seis meses.
El rechazo a la derogación y las posiciones enfrentadas
El proyecto de derogación fue impulsado por los senadores Dani Raúl Nolasco, Enrique Cornejo, Diego Cari, Gonzalo Guaymás, Sergio Saldaño, Esteban D’Andrea y Alejandra Navarro.
Durante el tratamiento también se analizó una alternativa presentada por el senador Roque Cornejo, mediante un dictamen en minoría que proponía modificar distintos artículos de la Ley 8.444, en lugar de eliminarla. Entre los cambios planteados figuraban la afiliación voluntaria y modificaciones en el régimen de aportes y deudas.
Por su parte, la senadora Leonor Minetti votó en contra de la derogación, al considerar que existen otras alternativas para resolver las dificultades del sistema antes de disponer su eliminación.
El debate también expuso posiciones contrapuestas entre los sectores involucrados. Nutricionistas y trabajadores sociales que impulsan la derogación señalaron que sus respectivas asambleas se pronunciaron mayoritariamente a favor de eliminar la Ley 8.444 y reclamaron que esa decisión sea respetada.
En contrapartida, desde la Caja Interprofesional se difundieron mensajes de rechazo a la derogación y de defensa del sistema previsional, al que consideran una herramienta de respaldo y seguridad para el futuro de los profesionales.
Con la media sanción del Senado, la discusión se trasladará ahora a la Cámara de Diputados, que deberá definir si acompaña la eliminación definitiva de la Caja Interprofesional o introduce modificaciones al proyecto aprobado.