El Senado barrió objeciones y finalmente aprobó a Ferraris y Nanni para la AGP

Un día después de la audiencia pública, la Cámara Alta rechazó todas las impugnaciones y avaló las designaciones para la Auditoría General de la Provincia. La prohibición constitucional de una nueva designación de Ferraris, las denuncias gremiales, los conflictos laborales, las observaciones sobre el Fondo de Reparación Histórica y los cuestionamientos técnicos no alteraron el resultado. El único voto negativo fue el del senador libertario Roque Cornejo.

La audiencia pública permitió escuchar durante poco más de dos horas una extensa lista de objeciones contra las postulaciones de Gustavo Ferraris y Miguel Nanni para integrar la Auditoría General de la Provincia. Sin embargo, ninguna de las observaciones modificó una decisión que terminó formalizándose este jueves en una sesión especial del Senado. Primero fueron rechazadas las oposiciones e impugnaciones. Después, la Cámara Alta aprobó los dos pliegos remitidos por la Comisión Permanente de Auditoría de Diputados. Tanto Nanni como Ferraris obtuvieron el aval del cuerpo con el voto negativo del senador por Capital de La Libertad Avanza, Roque Cornejo. La propia Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones sostuvo en sus resoluciones que la audiencia tiene como finalidad aportar información, pero “no sustituye la competencia constitucional de selección y designación” ni convierte al Senado en un tribunal jurisdiccional o disciplinario. Con ese criterio, las objeciones fueron analizadas casi exclusivamente en función de si probaban una inhabilidad legal capaz de frenar las designaciones.

Ferraris y una interpretación a medida

El punto más controvertido fue la nueva designación de Gustavo Ferraris, actual presidente de la Auditoría y miembro del organismo desde 2016. El artículo 169 de la Constitución provincial, reformada en diciembre de 2021, dispone que los auditores generales permanecen ocho años en sus funciones y “no pueden ser designados nuevamente”. Ferraris ya había sido nombrado en 2016 y recibió una nueva designación en 2021, bajo el régimen anterior, que establecía períodos de cinco años. Las impugnaciones sostuvieron que la cláusula vigente impedía otro nombramiento y que su continuidad contrariaba el principio de alternancia incorporado en la reforma constitucional. El planteo fue realizado por APOC, particulares y legisladores de La Libertad Avanza. La Comisión de Justicia, sin embargo, interpretó que la prohibición solamente alcanza a quienes hayan cumplido un mandato de ocho años bajo la Constitución reformada. Según el dictamen, como los nombramientos de Ferraris fueron anteriores a diciembre de 2021, el aprobado ahora debe considerarse como su “primera designación bajo el nuevo régimen constitucional”. Para sostener esa conclusión, los senadores señalaron que la reforma no incluyó una disposición transitoria que otorgara a los mandatos anteriores un efecto inhabilitante. También afirmaron que las restricciones para acceder a la función pública deben interpretarse de manera estricta y que no correspondía extender la prohibición constitucional a situaciones previas. La lectura dejó sin efecto práctico el planteo central de los impugnantes.

Las denuncias de APOC tampoco lo frenaron

La Asociación del Personal de los Organismos de Control había presentado un informe denominado “Anatomía del colapso operativo”, en el que cuestionó la disminución de informes de control, la cantidad de vacantes, los interinatos y distintas situaciones de hostigamiento laboral. Como informó Nuevo Diario durante el proceso, APOC había declarado a Ferraris “persona no grata” y denunciado persecución sistemática, traslados punitivos, sumarios, sanciones, hostigamiento y un progresivo “vaciamiento técnico” del organismo. A estas objeciones se sumaron presentaciones de trabajadores y particulares. El contador Jorge Daoud denunció modificaciones arbitrarias de sus condiciones laborales y acompañó antecedentes judiciales y certificados médicos. Luis Mamaní planteó observaciones relacionadas, Tania Díaz aportó un dictamen del INADI referido a presuntas omisiones discriminatorias y demoras en el reconocimiento de derechos laborales. Ferraris negó los hechos, desconoció la autenticidad de parte de la documentación y acompañó un descargo de 167 fojas. La comisión consideró que las estadísticas aportadas por APOC habían sido controvertidas y que las resoluciones cautelares o administrativas no constituían sentencias firmes. Incluso la declaración gremial de “persona no grata” fue considerada sin “eficacia jurídica”.

El Fondo de Reparación Histórica

Otra de las objeciones estuvo relacionada con la actuación de la Auditoría frente al Fondo de Reparación Histórica, un tema abordado reiteradamente por Nuevo Diario. La auditoría financiera sobre las obras ejecutadas con esos recursos permaneció durante más de cuatro años sin un informe definitivo, pese a los reclamos formulados desde la Legislatura. Los cuestionamientos apuntaron a la responsabilidad institucional de Ferraris dentro de un organismo colegiado encargado de controlar el uso de fondos públicos. La comisión aceptó el argumento del postulante, quien atribuyó la responsabilidad operativa al área correspondiente y presentó como antecedente una disidencia suya frente al informe elaborado.

Nanni: actividad partidaria y rendiciones cuestionadas

En el caso de Miguel Nanni, las objeciones se concentraron en su idoneidad técnica, su pertenencia a la Unión Cívica Radical y los antecedentes vinculados con la rendición contable partidaria correspondiente a 2021. Los legisladores libertarios también cuestionaron la integración de la Comisión de Auditoría de Diputados y la representación opositora dentro del procedimiento. El Senado respondió que la comisión seleccionadora estuvo conformada por siete integrantes, cuatro de ellos pertenecientes a bloques opositores, y que la propuesta fue comunicada al pleno de la Cámara baja. Sobre la rendición de la UCR, la resolución sostuvo que el pronunciamiento judicial tuvo consecuencias para la agrupación política, pero no impuso a Nanni una sanción, condena o inhabilitación personal. La comisión también consideró que su trayectoria partidaria no constituye una incompatibilidad previa. La prohibición, indicó, alcanza al ejercicio de actividades político-partidarias durante el desempeño como auditor. Nanni se comprometió a cesar esa actividad antes de prestar juramento, pese a que actualmente integra el Comité Nacional de la UCR como delegado por Salta.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas advirtieron que, con las nuevas designaciones, la Auditoría quedará conformada por cuatro abogados y solamente un profesional del área económica. El planteo también fue rechazado. La comisión afirmó que la Constitución no establece cupos profesionales dentro del Colegio de Auditores y que la interdisciplinariedad puede garantizarse mediante los equipos técnicos del organismo. Las observaciones fueron calificadas como un aporte “atendible” para futuras incorporaciones, concursos y organización de áreas, pero no como un impedimento para aprobar los pliegos. Con esa fórmula, la Cámara Alta aprobó las designaciones sin despejar el fondo de los cuestionamientos. Las denuncias laborales podrán seguir en otras instancias; las entidades profesionales continuarán reclamando una conducción con mayor presencia de especialistas en cuentas públicas y las demoras en auditorías sensibles seguirán formando parte del debate. La sesión especial cerró el trámite legislativo, pero no disipó las dudas sobre la independencia, la alternancia y el perfil técnico del principal organismo de control externo de la Provincia. La audiencia escuchó las objeciones. El Senado tomó nota y, finalmente, votó como si ninguna tuviera peso suficiente para cambiar el resultado.