Estuvo un año con prisión domiciliaria y ahora seguirá como concejal pese a estar condenado
El Concejo Deliberante de Rivadavia Banda Norte recién trató la destitución de Benjamín Ruiz, quien durante el último año no pudo ejercer plenamente sus funciones por encontrarse bajo prisión domiciliaria y posteriormente recibió una condena por privación ilegítima de la libertad. La iniciativa obtuvo cuatro votos, pero no alcanzó los cinco necesarios, por lo que el edil continuará en su cargo.
Una situación institucional poco frecuente se registró en el Concejo Deliberante de Rivadavia Banda Norte, más conocido como Morillo, donde el cuerpo finalmente no logró destituir al concejal Benjamín Ruiz, pese a que el edil atravesó un proceso judicial, permaneció durante un año bajo prisión domiciliaria y recibió una condena por uno de los hechos investigados.
El tratamiento de su continuidad en la banca recién se concretó este miércoles. La iniciativa para avanzar con su destitución obtuvo cuatro votos favorables, pero no alcanzó la mayoría agravada exigida por la normativa vigente: dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo, lo que en este caso requería cinco votos.
En diálogo con Hora de Voces, por FM Ya 91.3, el concejal Esteban Aguilar, uno de los impulsores del pedido de apartamiento, cuestionó que la situación se haya prolongado durante tanto tiempo y consideró que el resultado deja un antecedente negativo para la institución.
Aguilar explicó que, tras asumir en diciembre pasado junto a otros ediles que renovaron parte del cuerpo, se encontraron con un Concejo funcionando con seis de sus siete integrantes, debido a que Ruiz se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.
“Nosotros asumimos y nos damos con que el Concejo estaba funcionando con seis concejales. Esto, obviamente, iba a generar dificultades en cuanto al funcionamiento normal e institucional”, señaló.
Un año de prisión domiciliaria sin perder la banca
Ruiz asumió como concejal en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Posteriormente quedó involucrado en una causa judicial iniciada a partir de denuncias por presuntos delitos sexuales que tuvieron repercusión en la localidad y derivaron en movilizaciones.
De los tres hechos por los que fue imputado, fue absuelto en dos y recibió en primera instancia una condena de dos años de prisión por privación ilegítima de la libertad, en un caso relacionado con un menor.
El edil cumplió más de un año de prisión domiciliaria y posteriormente recuperó la libertad bajo reglas de conducta. Según lo señalado en torno al caso, Ruiz sostiene que obtuvo una absolución respecto de este último hecho, aunque hasta el momento no se analizó, ni llegó, esa resolución.
Durante el período en el que permaneció bajo prisión domiciliaria, Ruiz no pudo participar de las sesiones del cuerpo deliberativo. Sin embargo, mantuvo formalmente su condición de concejal y dejó de percibir su dieta durante ese período.
La resolución del Concejo
El edil sostuvo que, a su entender, el proceso para evaluar la continuidad de Ruiz debió haberse iniciado antes. Indicó que el concejal tuvo la posibilidad de realizar su descargo, tanto de manera escrita como verbal, y que posteriormente el cuerpo analizó la sentencia judicial. Para el concejal que impulsó la destitución, esa situación, sumada al período en el que Ruiz permaneció bajo prisión domiciliaria, justificaba la apertura de un proceso de expulsión.
Sin embargo, la iniciativa no reunió los votos suficientes. Dos concejales argumentaron, entre otros puntos, cuestiones vinculadas con la situación jurídica de Ruiz, los plazos en los que se inició el proceso y la ausencia de un reglamento interno en el Concejo Deliberante.
Rivadavia Banda Norte todavía no cuenta con una carta orgánica en vigencia y, de acuerdo con Aguilar, el cuerpo se rige por la Ley Provincial 8126. Esa norma establece que para la destitución o expulsión de un concejal se requiere el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros.
La actitud de los ediles
Para Aguilar, el principal cuestionamiento no pasa por determinar la culpabilidad penal de un funcionario, una tarea que corresponde a la Justicia, sino por la responsabilidad institucional del Concejo frente a la conducta de sus propios integrantes.
“Los concejos deliberantes no impartimos justicia, no decidimos quién es inocente y quién es culpable. Nuestra responsabilidad fundamental es cuidar la honorabilidad de la institución”, sostuvo.
El concejal también advirtió que la decisión podría convertirse en un antecedente para futuras situaciones similares. “¿Con qué vara vamos a evaluar el comportamiento y la conducta de los próximos funcionarios? Esto queda como antecedente”, cuestionó.
De esta manera, pese a haber permanecido durante un extenso período bajo prisión domiciliaria y a contar con una condena por uno de los delitos por los que fue investigado, Benjamín Ruiz continuará ocupando su banca en el Concejo Deliberante de Rivadavia Banda Norte, luego de que el pedido de destitución no alcanzara la mayoría agravada requerida para su aprobación.