Fondo de Reparación Histórica: el auditor de la Provincia pide intervención de la Justicia
El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, respondió con dureza a las críticas del exgobernador Juan Manuel Urtubey en torno al informe sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH), que actualmente es analizado por una Comisión Bicameral de la Legislatura.
En declaraciones televisivas, Gustavo Ferraris calificó la situación como un verdadero “agujero negro”, al referirse a las irregularidades detectadas en 176 obras destinadas al norte provincial. Según precisó, muchas de ellas nunca se iniciaron o quedaron inconclusas, pese a los recursos comprometidos. El auditor celebró que el tema haya tomado estado institucional y consideró que la magnitud de las inconsistencias amerita no solo el análisis legislativo, sino también la intervención judicial.
En ese sentido, remarcó que los datos relevados “son contundentes” y no pueden reducirse a una discusión política. Las declaraciones de Ferraris surgieron luego de que Urtubey calificara el informe como una “maniobra política” impulsada junto al exgobernador Juan Carlos Romero para perjudicarlo. Frente a esto, el titular de la Auditoría buscó despersonalizar el conflicto y relativizó su rol en la disputa: “Soy absolutamente secundario en esta historia”, afirmó. Sin embargo, rápidamente volvió a poner el foco en la gestión de los recursos públicos y en el impacto concreto sobre las comunidades del norte salteño. “Preguntémosle a los vecinos si esto es una cuestión política”, planteó, al señalar la magnitud del endeudamiento asumido a través del FRH y sus consecuencias hasta 2023.
En esa línea, Ferraris insistió en la necesidad de rendición de cuentas por parte de quienes administraron los fondos. “El que maneja recursos públicos tiene que explicar y dar cuenta de sus actos”, sostuvo, apelando a principios básicos de transparencia institucional. Para graficar las falencias, enumeró obras esenciales que no se concretaron, como plantas de tratamiento de residuos cloacales, redes de electrificación, centros de salud, escuelas y rutas. Mencionó casos puntuales como Irigoyen y Tonono, donde las promesas de infraestructura siguen sin materializarse. También rechazó de plano la idea de que las irregularidades respondan a una operación política.
Consideró que ese argumento es “simplista y sin sustento”, y apuntó a las fallas en los procesos de contratación y ejecución de obras como factores centrales del problema. En términos numéricos, el balance es contundente. De acuerdo con el informe, solo 84 obras fueron finalizadas, lo que representa unos 250 millones de pesos, es decir, apenas el 24% del total del Fondo de Reparación Histórica. En contrapartida, Ferraris señaló que alrededor de 900 millones de pesos corresponden a proyectos que no se iniciaron, quedaron inconclusos o fueron rescindidos, evidenciando un fuerte desbalance en la ejecución. Finalmente, el auditor advirtió sobre las consecuencias financieras de estas irregularidades. Explicó que el Fondo del Bicentenario debió utilizarse para cubrir los desajustes generados por el FRH, y que aún persisten compromisos de pago, lo que extiende el impacto económico de la gestión más allá de su período original.