Imputan a una pareja por trata de menores con fines de explotación sexual
La causa se inició tras un llamado al 911 y permitió reconstruir un circuito de explotación sexual que operaba con menores a través de plataformas digitales. Hay dos imputados y no descartan más víctimas.
Una alerta al 911 terminó por destapar algo bastante más grande que un episodio aislado. Lo que empezó como una intervención policial en un edificio de la capital salteña derivó en una investigación federal que hoy tiene a una pareja imputada por trata de personas con fines de explotación sexual de menores y a la Justicia siguiendo el rastro de una red que podría ser más amplia de lo que se conoce hasta ahora.
El caso quedó en manos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, que avanzó con la imputación contra F.N.A. y A.A.G. por un delito agravado por la edad de las víctimas. La causa se formalizó ante el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio.
El principal acusado quedó detenido con prisión preventiva por 120 días. La mujer, en cambio, fue excarcelada con restricciones, en un escenario donde incluso se analiza si su rol dentro de la estructura estuvo atravesado por una situación de vulnerabilidad.
Una red organizada
Todo comenzó el 16 de agosto de 2024. Un llamado alertó sobre la presencia de un hombre adulto junto a una menor en un departamento de la ciudad. Cuando la Policía llegó, confirmó que la adolescente tenía 17 años y que en el lugar había elementos compatibles con un encuentro sexual. El hombre intentó escapar. No llegó lejos.
En medio del procedimiento, uno de los ahora imputados apareció en escena y aseguró ser familiar de la menor. La versión se desmoronó rápido: la propia adolescente la desmintió y dejó entrever que el encuentro había sido pactado de antemano.
Ese fue el punto de quiebre. La causa salió del ámbito provincial y pasó a la Justicia Federal, donde empezó a tomar otra dimensión.
Cómo funcionaba el circuito
La investigación permitió reconstruir un esquema que no tenía mucho de improvisado. Según la fiscalía, el hombre captaba a las víctimas y su pareja se encargaba de coordinar los encuentros con clientes.
Las ofertas se publicaban en páginas de citas sexuales. El contacto seguía en grupos de Telegram, donde se cerraban precios, horarios y ubicaciones. Todo bastante aceitado.
Los encuentros se realizaban en departamentos alquilados por el propio imputado, principalmente entre las 15 y las 21 horas, con un promedio de hasta cinco clientes por día.
Cada encuentro costaba entre 30.000 y 35.000 pesos. Más si participaban dos menores. Parte del dinero terminaba en manos de los acusados, ya sea en efectivo o mediante transferencias.
Negocio armado, roles definidos, logística resuelta. La crudeza está en los detalles de esta trama que empieza a develarse.
Con ese cuadro, la fiscalía avanzó con allanamientos que se concretaron el 15 de abril en un departamento de calle Artigas. Allí fueron detenidos los dos imputados.
Durante los procedimientos, Gendarmería Nacional secuestró celulares, una computadora y otros dispositivos que ahora están siendo peritados. La expectativa está puesta en lo que pueda surgir de ese material.
Las decisiones judiciales
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal pidió la prisión preventiva para ambos. En el caso del principal acusado, el juez la concedió: pesó la gravedad del delito, la escala penal —de 10 a 15 años— y el riesgo de entorpecer la investigación.
Según se expuso, el imputado habría intentado contactar a una de las menores para que modificara su declaración y borrara mensajes.
La defensa pidió arresto domiciliario. No prosperó.
Para la mujer imputada, en cambio, el escenario fue distinto. Si bien hay elementos que la vinculan con la organización de los encuentros, surgieron indicios de que podría haber estado en una situación de vulnerabilidad. El juez le concedió la libertad, pero con condiciones estrictas: presentaciones periódicas, prohibición de salir de la provincia y de contactar a las víctimas o a su pareja. La investigación sigue en curso y no se descarta que haya más víctimas.
El análisis de los dispositivos secuestrados será clave para determinar el alcance real del circuito.