Informe revela que los jubilados salteños, en 31 meses, perdieron $ 2.828.826 cada uno
El ajuste previsional implementado por el Gobierno nacional tiene consecuencias concretas sobre los ingresos de miles de adultos mayores en Salta.
Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el congelamiento del bono extraordinario destinado a quienes perciben las jubilaciones más bajas provocó una pérdida acumulada de $231.786 millones en la provincia entre abril de 2024 y octubre de 2026, una cifra que permite dimensionar tanto el deterioro de los haberes como los recursos que dejaron de ingresar al circuito económico local.
El relevamiento, titulado Impacto del ajuste previsional en la provincia de Salta, analiza las consecuencias de las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 y advierte sobre una combinación de medidas que afectaron especialmente a los sectores de menores ingresos: el congelamiento del bono, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas y la eliminación del reintegro del IVA sobre consumos esenciales.
De acuerdo con los datos sistematizados por CEPA, Salta cuenta con 163.300 personas jubiladas, de las cuales 114.467 son beneficiarias del PAMI. Sobre ese universo, el centro de estudios estima que aproximadamente 81.937 adultos mayores perciben una jubilación mínima con bono o un ingreso inferior, por lo que se encuentran entre los principales afectados por el deterioro del complemento previsional.
Un bono congelado que perdió más de dos tercios de su valor actualizado
El bono extraordinario previsional permanece fijado en $70.000 desde marzo de 2024, pese a que los haberes jubilatorios continuaron recibiendo actualizaciones. Según los cálculos del informe, si ese complemento hubiese acompañado la misma fórmula de movilidad que las jubilaciones, en octubre de 2026 debería haber alcanzado los $226.876, es decir, $156.876 más que el monto efectivamente abonado.
La diferencia acumulada a lo largo de 31 meses representa una pérdida de $2.828.826 por persona, considerando el período comprendido entre abril de 2024 y octubre de 2026. Al proyectar ese monto sobre los 81.937 jubilados salteños que CEPA estima dentro del segmento de menores ingresos, el resultado asciende a $231.785.515.962. Es importante señalar que se trata de una estimación elaborada a partir de la proporción nacional de jubilados que perciben la mínima con bono o menos, y no de un registro individualizado de beneficiarios salteños.
El estudio también compara la evolución real de los haberes previsionales con los niveles registrados durante el último trimestre del gobierno anterior.
Tomando como referencia una inflación estimada del 1,8% para octubre de 2026, basada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, CEPA determinó que las jubilaciones mínimas con bono se ubicaron un 19,3% por debajo del promedio de septiembre, octubre y noviembre de 2023.
La situación presenta diferencias cuando se analiza exclusivamente el haber jubilatorio, sin considerar el complemento extraordinario. En ese caso, la caída del poder adquisitivo fue del 1,3% respecto del mismo período. Esta distancia entre ambos indicadores permite identificar uno de los principales efectos de la política previsional nacional: mientras el haber mínimo recibió actualizaciones, el bono permaneció inmóvil, provocando que quienes dependen de ese refuerzo experimentaran un deterioro significativamente mayor de sus ingresos.
La eliminación del reintegro del IVA agravó la pérdida de ingresos
A la reducción del poder de compra se sumó la eliminación del régimen de devolución del IVA para jubilados y pensionados de menores ingresos, un mecanismo que permitía recuperar parte del dinero utilizado en compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito. El sistema contemplaba un reintegro automático dentro de las 48 horas, con un tope mensual equivalente al 21% del haber mínimo, y alcanzaba a jubilados y pensionados que percibían hasta tres haberes mínimos. Según CEPA, a septiembre de 2026 ese límite representaba ingresos de hasta $1.285.900 mensuales, por lo que el beneficio comprendía potencialmente a unos 5,1 millones de jubilados y pensionados en todo el país, equivalentes al 84% del universo previsional considerado. La eliminación de este mecanismo significó la desaparición de una herramienta de alivio para los consumos cotidianos, precisamente cuando los ingresos reales de los adultos mayores enfrentaban mayores restricciones. El impacto del congelamiento del bono excede la situación particular de cada beneficiario. Los más de $231 mil millones que, según la estimación de CEPA, dejaron de percibir los jubilados salteños representan recursos que, de haber ingresado a sus hogares, podrían haberse destinado mayoritariamente al consumo de bienes y servicios esenciales.
En una provincia donde más de 114 mil personas jubiladas reciben prestaciones del PAMI, la discusión sobre los ingresos previsionales también se vincula con las condiciones de acceso a medicamentos, tratamientos y cuidados, especialmente entre quienes disponen de menores recursos económicos.