Ley Octorina: avanza la adhesión municipal en la ciudad de Salta
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta avanzó en el tratamiento de una iniciativa destinada a fortalecer la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios, luego de que la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad otorgara visto bueno al proyecto de ordenanza que propone la adhesión municipal a la Ley Provincial 8.534, conocida como Ley Octorina.
La propuesta, impulsada por la concejala Malvina Gareca, busca incorporar al ámbito municipal herramientas de prevención, sensibilización y acompañamiento frente a los crímenes de odio y las agresiones sexuales que afectan a integrantes de comunidades indígenas, una problemática cuya visibilización exige reconocer tanto las desigualdades de género como las barreras sociales, territoriales e institucionales que dificultan el acceso a derechos.
Durante la reunión participaron representantes de organismos provinciales, municipales y legislativos vinculados con los derechos humanos, las políticas de género y los asuntos indígenas. El intercambio permitió incorporar observaciones y propuestas destinadas a ampliar los alcances de la iniciativa, que ahora continuará su tratamiento en la Comisión de Legislación General.
Nombrar los delitos y terminar con su naturalización
Uno de los planteos centrales de la reunión estuvo relacionado con la necesidad de identificar con precisión las violencias sexuales cometidas contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas, evitando expresiones que puedan contribuir a minimizar su gravedad.
En representación del senador por el departamento de Iruya, Walter Cruz, participó Marco Piorno, asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, quien destacó el proceso de construcción colectiva que permitió avanzar con la Ley Octorina. Durante su exposición, Piorno cuestionó especialmente la utilización del término “chineo” para referirse a prácticas de violencia sexual contra integrantes de pueblos originarios. “Hay que empezar a decir las cosas por su nombre, es un delito: son violaciones sexuales, son crímenes de odio”, expresó.
La afirmación introdujo una dimensión fundamental del debate: la necesidad de impedir que determinadas agresiones sean relativizadas mediante denominaciones que las presentan como costumbres o prácticas culturales, cuando constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos.
Desde la Subsecretaría de Asuntos Indígenas, Sabrina Castro coincidió en la importancia de que los municipios acompañen la implementación de la normativa y contribuyan a su difusión.
La funcionaria sostuvo que la adhesión municipal puede ampliar el conocimiento de la ley y facilitar la construcción de respuestas institucionales adecuadas, al tiempo que remarcó que estas violencias no deben justificarse como expresiones culturales.
Otro de los puntos abordados durante el debate fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional frente a las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia. La problemática requiere respuestas que contemplen las particularidades culturales, lingüísticas, sociales y territoriales de las comunidades indígenas, sin que esas diferencias se conviertan en obstáculos para denunciar violencias o recibir protección.
Durante la reunión se planteó la importancia de profundizar la coordinación entre el municipio y los organismos provinciales, especialmente en materia de prevención, atención y articulación de políticas públicas.